‘La granja de los científicos bamba’: revista Science destaca revelación de Punto Final

La revista estadounidense Science publicó un artículo a raíz del reportaje de Punto Final que reveló que más de 100 personas pagaron a intermediarios fraudulentos para que su nombre figure en investigaciones como coautores, a cambio de hasta 500 dólares. El objetivo de estos ‘investigadores’ era obtener un mayor sueldo, ya que algunas universidades otorgan bonos mientras más producción académica tenga el docente.

Este reportaje dio la vuelta al mundo, pues el portal de divulgación científica Science de Estados Unidos resaltó en un artículo que el Congreso de la República del Perú haya propuesto una legislación que castigue a todo aquel que incurra en prácticas editoriales fraudulentas, a raíz del reportaje de Punto Final realizado por José Miguel Hidalgo.

«Los funcionarios están investigando a muchos más investigadores a raíz de un informe de los medios de comunicación de octubre que identificó a 180 personas presuntamente involucradas en fraude editorial, incluidos 72 incluidos en el registro nacional que trabajan en 14 universidades de Perú«, señaló Science n su artículo.

El congresista Edward Málaga fue quien propuso un proyecto de ley para sancionar penalmente el fraude científico. «No es simplemente las faltas éticas que menciona la ley universitaria, sino estamos ante algo que le hace mucho daño a la investigación en todo el mundo», señaló el congresista.

Precisamente durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso se proyectó el reportaje «La granja de los científicos bamba: docentes pagan por coautorías de estudios en el extranjero«. El informe reveló que mediante el chat de Whatsapp llamado PublishScopus, cientos de docentes universitarios compraban autorías de artículos científicos.

Science afirma que esta iniciativa legislativa faculta a las universidades y a las autoridades respectivas a sancionar la compra de autoría. Enfatizó en que de aprobarse se estaría ante «algunas de las medidas más fuertes contra el fraude editorial en América Latina«.

Edward Málaga Trillo, neurobiólogo y congresista, manifiesta que el fraude electoral alcanza la corrupción ya que los presuntos profesionales solicitan financiamiento para realizar grandes investigaciones, pero en vez de realizarlas, las compran. «Estos individuos están perpetrando fraude«, recalcó.

Science explica que el Perú está luchando en contra la creciente ola de fraude académico y editorial y precisa que algunos investigadores atribuyen este problema a una ley del 2014 que recompensa monetariamente a los que realizan investigaciones científicas.

El medio estadounidense recalca lo dicho por bióloga Gisella Orjeda Fernández, expresidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), quien señaló que «la recompensa puede ser sustancial: algunas universidades privadas con fines de lucro en Perú pagan bonos de publicación de 2.500 dólares. Hay todo un ambiente que incuba esta mala conducta».

Recalca lo revelado por Punto Final en donde se reveló que muchos «investigadores» peruanos tienen coautores que residen en países muy lejanos. «Si su colega publica constantemente 20 artículos al año con colaboradores de Nepal, Afganistán, Kuwait o Indonesia, eso es muy sospechoso«, explicó Nahuel Monteblanco, presidente de Cientificos.pe.

CONCYTEC YA ELIMINÓ A ‘INVESTIGADORES’ DE RENACYT

De los 180 presuntos investigadores señalados en el reportaje de Punto Final, 72 figuraban registrados en Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt) y que además trabajan en 14 universidades de Perú.

De estos 72, Concytec eliminó del registro a dos de ellos. Uno había republicado artículos de un investigador español y también se había apoderado de su currículum vitae. Science también señala que el otro investigador también ya expulsado del registro había asumido la identidad de un científico venezolano.

El congresista no agrupado, Edward Málaga comentó a Science que incluso él también fue víctima de un fraude editorial en su época universitaria, cuando un compañero afirmó que habían sido coautores de artículos y proyectos de investigación. Agregó que este compañero no recibió sanción en la universidad, pero que no continuó sus estudios tras ser denunciado.

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