Huérfanos de transportistas asesinados por extorsiones aún esperan el bono prometido
Decenas de familias siguen esperando justicia, así como el apoyo económico y psicológico que les prometió el Estado durante el gobierno de la vacada expresidenta Dina Boluarte. Entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, la Fiscalía contabilizó 91 personas fallecidas por ataques con armas de fuego perpetrados por extorsionadores contra el transporte público. Sin embargo, el Ministerio del Interior solo entregó al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) una lista con 40 conductores asesinados.
La cifra real sería mayor, ya que entre las víctimas hay no solo choferes, sino también cobradores y pasajeros. Según descubrió la Unidad de Investigación de Latina Noticias, no existe un registro oficial y completo de los deudos, a pesar de que las extorsiones han marcado el 2025.
AYUDA QUE NO LLEGA
Conocer los nombres de las víctimas es clave, no solo para las investigaciones, sino para identificar a los hijos que han quedado en orfandad y focalizar la ayuda prometida. Muchas familias ni siquiera saben que pueden acceder a un bono estatal.
Ni el gobierno de Dina Boluarte ni el actual presidente, José Jerí, gestionaron un registro unificado de víctimas. La lista enviada por el Ministerio del Interior al Inabif está incompleta: no incluye a cobradores asesinados.
Aun así, de los 40 fallecidos reportados, se ha identificado a 38 niños huérfanos. Muchas familias de cobradores se han acercado a los gremios de transporte para preguntar si sus hijos también pueden ser protegidos por la ley. La respuesta, hasta ahora, es incierta.
“NO HAY NADA”
Los familiares denuncian abandono. Carmen Mendoza Granados, madre de Juan Ibáñez Mendoza —conductor asesinado dentro de una cúster en San Martín de Porres el pasado 15 de diciembre— relató con indignación: “Leímos en el periódico que primero iban a dar un bono de 200, luego, con el cambio de presidente, de 500… pero no hay nada. Que nos disculpen, pero la presidenta se subió el sueldo, recibió bonos, y los pobres transportistas salen a trabajar y regresan sin vida”.
Juan criaba solo a su hijo. Ahora, son sus padres quienes se hacen cargo del menor. Denuncian que el gobierno de José Jerí no ha cumplido con la entrega del bono de 400 soles bimensuales ni con el apoyo psicológico prometido.
Otro caso es el de Diana Medina Laura, madre de un adolescente afectado emocionalmente por el asesinato de su padre. Solo buscó ayuda psicológica, pero nunca obtuvo respuesta del Estado: “A mí me dijeron que, si tenía seguro, lo vea por mi lado. Hay mucha demanda y todo es pausado. Mi hijo está muy afectado por la pérdida de su papá. Busqué atención, pedí cita… y nada. La verdad, no”.