Las enigmáticas Líneas de Nasca están en el centro de una polémica. Una resolución del Ministerio de Cultura intentó recortar en un 42 % la zona intangible que protege las figuras trazadas en el desierto, con el argumento de facilitar la formalización de mineros ilegales.
Arqueólogos, autoridades locales, gremios turísticos y representantes de la sociedad civil rechazaron la medida, que ponía en riesgo un legado milenario. Ante la presión, el Ejecutivo dio marcha atrás. Sin embargo, las amenazas persisten: dentro de la Reserva Arqueológica de Nasca ya conviven restos prehispánicos con plantas de procesamiento de minerales.
“Si María Reiche viviera, le daría un infarto”, advierte Juan Valdivia, guía turístico que trabajó con la reconocida investigadora alemana. Recuerda que este año se cumplen 50 años desde que empezaron los sobrevuelos turísticos en la zona.
El conflicto ha puesto en evidencia un problema de fondo: la falta de saneamiento físico-legal de más de 150 sitios arqueológicos, incluida la misma Pampa de Nasca. Esta situación genera tensiones entre el desarrollo económico —impulsado por la minería formal e informal— y la necesidad de proteger un espacio único en el planeta.
El alcalde provincial, Jorge Bravo Quispe, quien mantiene vínculos con una mina en Arequipa, propone separar las zonas con restos arqueológicos y permitir la inversión en el resto del terreno. Por su parte, el Ministerio de Cultura enfrenta cuestionamientos por no hacer respetar la intangibilidad de la zona.
A ello se suma la falta de personal, señalización y vigilancia, lo que refleja el abandono del sitio —considerado patrimonio de la humanidad— por parte del Estado.
