Odebrecht pide devolver pruebas y amenaza casos Villarán, Humala y Fujimori
Susana Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori podrían recibir un inesperado respiro judicial. La constructora brasileña Odebrecht —hoy rebautizada como Novonor— ha pedido oficialmente a la justicia de su país que solicite a Perú la devolución de todas las pruebas entregadas en el marco del acuerdo de colaboración eficaz. Una decisión que, de prosperar, podría trastocar el desarrollo de los principales casos de Lava Jato en nuestro país.
El pedido se sustenta en una acta firmada el 14 de diciembre de 2022 entre los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, la procuradora Silvana Carrión y representantes de Odebrecht. En ese documento, se establecieron compromisos clave para reactivar la cooperación judicial. Según Novonor, el Ministerio Público peruano habría incumplido el pacto al utilizar pruebas suministradas por la empresa en nuevos procesos judiciales.
¿QUÉ PIDE ODEBRECHT?
En específico, la compañía reclama que las evidencias de los servidores Drousys y My Web Day —así como los testimonios de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht— no debieron ser usadas en casos posteriores al acuerdo, como el del Gasoducto Sur Peruano, donde han sido incluidos como investigados. También objeta su incorporación como tercero civil responsable en procesos como el de Susana Villarán y el de carreteras en la selva, al no haber llegado a un acuerdo sobre la reparación civil.
La jurista Liliana Calderón advierte que esta controversia generará inestabilidad. “Obviamente las defensas de los imputados van a cuestionar las investigaciones y ganarán tiempo”, dijo. Aunque el fiscal José Domingo Pérez insiste en que no se ha incumplido el acuerdo, reconoce que será el Poder Judicial quien deberá decidir si se utilizó prueba directa o indirecta de manera indebida.
PUNTOS SENSIBLES
Un punto sensible del acta es la cláusula que prohíbe incluir como imputados a Odebrecht o sus exfuncionarios en investigaciones posteriores, ni usar pruebas directa o indirectamente obtenidas del acuerdo de colaboración. Según Calderón, esa cláusula fue parte de una negociación para garantizar la entrega de información, pero también reconoce que no se anticipó un escenario en el que la empresa exigiera recuperar esa evidencia.
De hecho, en enero pasado, esta misma acta motivó que la Fiscalía Suprema abriera una investigación preliminar contra los fiscales Vela, Pérez y la exfiscal Zoraida Ávalos por presuntos delitos como organización criminal y encubrimiento. La denuncia fue presentada por el abogado de Gonzalo Monteverde, empresario vinculado al caso Lava Jato y también procesado.
El antecedente más cercano ocurrió este mismo año, cuando el Poder Judicial rechazó un pedido de Odebrecht para que la Procuraduría no usara sus pruebas en su contra. No obstante, la nueva solicitud presentada en Brasil podría servir a las defensas para dilatar los procesos judiciales pendientes, como el juicio por el “No a la revocatoria” de Villarán o el caso cócteles de Keiko Fujimori.
“Si no se puede utilizar la prueba, habrá retrasos. Se generará debate en la etapa probatoria”, anticipa Calderón. Las defensas, agrega, podrían pedir suspensiones del juicio oral si el uso de esas pruebas queda en duda. Todo esto podría paralizar procesos claves o, en el peor de los casos, debilitarlos irremediablemente.
Desde que Lula Da Silva volvió al poder en Brasil, el caso Lava Jato ha perdido fuerza. La justicia de su país ha anulado pruebas y sentencias clave, y ahora Odebrecht —apoyada en acuerdos cuya redacción hoy se cuestiona— le exige al Perú que le devuelva todo lo entregado. Un nuevo capítulo en la lucha anticorrupción, que vuelve a estar en la cuerda floja.