Organizaciones internacionales cuestionan al Congreso por ley de amnistía a policías y militares
Tres organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos cuestionaron duramente al Congreso por la aprobación de la ley que otorga amnistía a policías, militares y miembros de los Comités de Autodefensa que lucharon contra el terrorismo en las décadas de los ochenta y noventa. Se tratan del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“El Estado peruano muestra con alarmante claridad su desapego a dos pilares fundacionales de la organización: la democracia y los derechos humanos”, se lee en el comunicado difundido este lunes.
Además, se refieren a la norma respaldada en el Parlamento que apuntaría a “socavar décadas de lucha por verdad y justicia” que afectaría los derechos de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres.
Por ello, estas organizaciones citan la jurisprudencia de la Corte IDH, que considera que normas de esta naturaleza están “viciadas de nulidad” y son “sin efecto jurídico alguno”.
CUESTIONAN AL PREMIER
En otra parte del comunicado, las tres entidades también cuestionaron al primer ministro Eduardo Arana, quien anunció durante la sesión del voto de investidura que se llevó a cabo el jueves pasado en el Parlamento que estaban dispuestos a conformar una comisión de alto nivel que evalúe la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Esta amenaza de ruptura con el SIDH pone en riesgo una de las vías internacionales de protección de derechos humanos más importantes con la que cuentan actualmente miles de personas en el país”, indicaron.
“No se trata de hechos aislados (…) Responden a una estrategia más amplia orientada a desmantelar los mecanismos de rendición de cuentas, garantizar impunidad por crímenes del pasado y consolidar un modelo autoritario que debilita peligrosamente el Estado de derecho”, agregan.
Finalmente, el comunicado finaliza con una invocación a la Corte IDH a “analizar y pronunciarse sobre el desacato reiterado de Perú a sus decisiones” y a presentar esta situación ante la Asamblea General de la OEA que se realizará en unos días.
“Perú no puede continuar en la senda de impunidad y regresión sin enfrentar consecuencias en el ámbito interamericano”, concluye el documento.
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