Patricia Benavides: exoficial FAP fue detenido e investigado por integrar banda criminal

Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94

En la resolución del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al que Latina Noticias accedió, autorizó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EEFICOP) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional a poner en marcha la operación «Valkiria XI», se revela presuntos actos de corrupción que vinculan a la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En el documento judicial se detalla que Benavides tuvo influencia en el direccionamiento de una licitación pública internacional llamada «Data Center Principal y Data Center de Contingencia del Ministerio Público», que tenía el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de S/ 141 083 845 30. En esa línea, el empresario, Giancarlo Valer Enciso, cobra gran relevancia.

Esto porque el nombre de Valer es soltado en una reunión de junio del 2023 que Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, y Grika Asayag, exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte, tuvieron en un restaurante en la avenida La Mar, en Miraflores. En ese encuentro es que Asayag dijo que el exmayor FAP podría ayudarles a agilizar el proceso que se había convocado en el Ministerio Público, ya que lo conocía desde la época en la que trabajó en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.

De esta manera, Asayag y Villanueva acordaron juntarse otra vez con Giancarlo Valer. En la nueva cita también estuvo Óscar Nieves, exabogado de Boluarte, y Miguel Girao, otro de los exasesores de Benavides. Allí es que Valer señaló que estaba muy interesado en que una empresa vinculado a él pueda tener la buena pro de la licitación de «Data Center Principal y Data Center de Contingencia del Ministerio Público», cuyo monto bordeaba los 141 millones de soles.

A cambio de que logrará hacerse del proceso, Valer ofreció a los exasesores de Benavides que les iba a entregar la suma de S/ 500 000. No obstante, Jaime Villanueva y Miguel Girao no tuvieron el éxito y por ello acudieron a la suspendida exfiscal de la Nación, a quien le iban a dar un millón de soles como una suerte de soborno.

“Jaime Villanueva se reunió con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, donde le indicó que el Ministerio Público, a través de la Unidad Ejecutora 011-Carpeta Fiscal Electrónica, había convocado la licitación pública internacional (…) valorizada en más de 140 millones de soles, y que este tenía un amigo que estaba vinculado a una de las empresas postoras en el proceso de selección y que estaban dispuesto a darle a ella (…) un millón de soles si lo ayudaba a dirección el proceso de selección e influir en el comité de selección para que la empresa de su amigo sea la ganadora de la buena pro y ejecute el contrato, aceptando inmediatamente la exfiscal de la Nación Patricia Benavides hacerse de esa cantidad de dinero, por lo que Jaime Villanueva le hace entrega de los datos de la empresa y comprometiéndose ella a averiguar los detalles del proceso”, se lee en la resolución judicial.

Luego de aceptar el pacto, Benavides dispuso una serie de cambios. El primero es que colocó en octubre del 2023 a Blanca Aurora Arce Barboza, quien era allegada a Giancarlo Valer, en reemplazo de Natalia Kelly Urbano Ramírez como directora ejecutiva de la Carpeta Fiscal Electrónica. Además, puso a Jenny Ochante Cahuana en el comité de selección y cuya tarea era beneficiar a la empresa cercana al exmayor FAP en la definición de la contratación.

Sin embargo, la licitación de «Data Center Principal y Data Center de Contingencia del Ministerio Público» sigue abierta luego que el Banco Interamericano de Desarrollo hiciera una revisión del proceso que dio como ganador a una empresa y además recomendó que se analizará la idoneidad de los miembros del comité de licitación.

COIMA ENTREGADA

En paralelo a este caso, Giancarlo Valer también tuvo interés en otro proceso que finalmente concluyó en presunto soborno de S/ 30 000 a Patricia Benavides. Se trata de una licitación para la compra de 729 CPU, 529 monitores LED de 27 pulgadas y otros 200 monitores LED de 32 pulgadas, cuyo valor ascendería a S/3′ 451 769, por pedido de la Fiscalía de Derechos Humanos el 13 de julio del 2023.

Según el documento judicial, Villanueva le entregó a la suspendida exfiscal de la Nación el monto antes mencionado por haber sido partícipe para que la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. pudiera ganar la contratación. En esa línea, la aún fiscal suprema le habría extendido las gracias por el dinero.

«En esa misma reunión, la exfiscal de la Nación le agradece y le menciona que parte de ese dinero lo utilizaría para pagar los gastos médicos de su hijo, quien había sido operado en la clínica San Pablo ubicada en el distrito de Santiago de Surco; además, le expresa su mayor compromiso respecto del proceso de Licitación Pública Internacional Nº 009-2023-MP-UE011-BID para la adquisición del Data center principal y Data center de contingencia del Ministerio Público», se lee.

En este entramado de corrupción hay que enfatizar que la misma Benavides le habría dicho a Jaime Villanueva que le avise a Giancarlo Valer que una empresa vinculada a él pueda participar en el proceso y resulte ser la ganadora de la convocatoria que se realizaría próximamente a cambio de que acuerde con sus socios la entrega del dinero.

Patricia Benavides habría recibido 30 mil soles a cambio de beneficiar a empresa, según colaborador eficaz

BANDA CRIMINAL

Sin embargo, el problema legal en el que Giancarlo Valer se encuentra por un presunto caso de corrupción en el Ministerio Público no es el único. El 30 de octubre del 2020 el Poder Judicial dictó que este exmayor de la FAP cumpla arresto domiciliario en vez de 18 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que se le seguía como integrante de la organización criminal “Los ingeniosos del Sur”.

Según la investigación iniciada en el 2018 por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, esta red delictiva cometió los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible y peculado al ocasionar un perjuicio económico a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Untels) por S/ 3 107 282 y S/ 1 866 764 en los años 2018 y 2019, respectivamente.

Al respecto, Giancarlo Valer era el supuesto líder de esta organización criminal, ya que tenía el cargo de jefe de Planeamiento y Presupuesto de Untels. Desde ese puesto es que habría direccionado para su beneficio los contratos y las adquisiciones con el apoyo de especialistas en contrataciones. Esto también se complementaba con que los proveedores crearon empresas fachadas que hicieron pactos de otorgamiento de buena pro, arreglos de presentación de cotizaciones y precios simulados o sobrevaluados.

Debido a estas graves imputaciones, la Fiscalía apeló ante la Corte Superior de Lima Sur para que se le imponga prisión preventiva para Valer, lo cual logró conseguir el 10 de marzo del año pasado en una resolución a la que Latina Noticias accedió.

No obstante, la defensa legal de Valer y de los demás coimputados de pertenecer a “Los ingeniosos del Sur” recurrieron al Tribunal Constitucional para solicitar la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal con el fin de anular las resoluciones del Poder Judicial y salir de la cárcel. Estos objetivos se llegaron a cumplir.

El 18 de abril del 2023 es que el TC declaró la nulidad de los fallos del Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima y de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. El resultado contó con los votos de los magistrados de Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Luz Pacheco Zerga.

SANCIONADO POR SERVIR

Y si retrocedemos años más atrás en el expediente de Giancarlo Valer Enciso nos podemos encontrar que la Autoridad del Servicio Civil (Servir) decidió el 14 de febrero del 2018 declarar infundado un recurso de apelación que presentó para revocar una sanción disciplinaria de 3 meses que le impuso la jefatura de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

De acuerdo al documento al que Latina Noticias accedió, Valer apuntaba a que se deje sin efecto este castigo que nació a partir de un informe elaborado por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de Sineace que halló que habría incurrido en presuntas faltas administrativas cuando se desempeñó como jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

En concreto, a Valer se le señaló de dos asuntos:

• Haber otorgado en su condición de unidad formuladora la conformidad para el pago del quinto entregable en la ejecución del contrato Nº 006-2014-SINEACE, suscrito con la empresa de iniciales B.I S.A.C. sin contar con la conformidad y/o pronunciamiento final de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) del Ministerio de Educación.

• Haber considerado en los términos de referencia para la contratación de un especialista en el SNIP, actividades como el levantamiento de observaciones efectuadas por la OPI MINEDU que no correspondían ser contratadas al haber sido realizadas por la unidad formuladora de la entidad.

Ante estos puntos, el empresario detenido ayer por el caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó sus descargos. Entre los puntos que destacó es que «no se había tomado en cuenta el plazo para el inicio de las acciones legales en su contra ha prescrito en exceso».

Además, Valer enfatizó que «se aplicado una sanción con la completa ausencia de proporcionalidad».

DESCARTA COLABORACIÓN EFICAZ

Latina Noticias se contactó con el abogado de Giancarlo Valer, Guillermo Carpio Valdizán, quien enfatizó que las disposiciones solicitadas por el Ministerio Público ante el Poder Judicial, en las que incluyó la detención de su defendido, «son en base a declaraciones que tienen que ser corroboradas».

«Estas corroboraciones tienen que cumplir un estándar probatorio y de sospecha para poder la Fiscalía requerir ante el juzgado algún requerimiento de alguna medida de coerción llámese personal o real», manifestó. El letrado mencionó que debe existir objetividad respecto a los detalles de las reuniones que Valer tuvo con los asesores de Patricia Benavides para direccionar licitaciones públicas en la Fiscalía.

«Tenemos que ser objetivos. Si posiblemente habría entregado, porque usamos el verbo ‘habría’ ya que estamos presumiendo, debemos preguntarnos cómo lo obtuvo, cómo lo entregó, de qué forma, de dónde, a través de quién y qué medios utilizó. Hay varias preguntas que tenemos que hacernos y no solamente decir que le habría entregado un millón de dólares a la señora tal. Tenemos que ser objetivos y hay varias preguntas que tenemos allí que vamos a tratar de batallar en este proceso», mencionó.

El abogado de Valer mencionó que aclararán la relación que tienen con la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C., que ganó una contratación de computadoras por el monto de S/ 3’451,769.31 en el Ministerio Público, dentro de la investigación.

Finalmente, Carpio descartó la posibilidad de que su patrocinado se someta a la figura de la colaboración eficaz. Además, mencionó que no apelará la detención preliminar de 15 días que hay sobre Valer.

«Recordemos que la figura de la colaboración eficaz concierne o conlleva a aceptar cierta responsabilidad, la misma que también es brindar información que tiene que ser corroborada porque debe ser concreta, con elementos de convicción y pruebas que puedan acreditar lo versado», zanjó.

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