Piden al gobierno de José Jerí responder ante el abandono a huérfanos del sicariato
La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, exigió formalmente a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, un informe detallado sobre las acciones adoptadas tras el ofrecimiento presidencial de brindar apoyo económico y psicológico a los menores de edad que quedaron en condición de orfandad por el asesinato de transportistas, intensificando de esta manera su rol de fiscalización frente a los efectos sociales de la violencia y la extorsión que golpean al transporte público.
El requerimiento parlamentario surge ante la creciente preocupación por el presunto incumplimiento del Estado en la protección de niñas, niños y adolescentes que, además de perder a sus padres de manera violenta, permanecen en una situación de extrema vulnerabilidad.
La Comisión advierte que esta omisión podría constituir una grave afectación a derechos fundamentales, comprometiendo el deber constitucional del Estado de garantizar atención oportuna y efectiva a las poblaciones más afectadas por la inseguridad ciudadana.
Este escenario se agrava aún más cuando, en las últimas horas, se ha registrado un preocupante incremento de asesinatos vinculados al sicariato y a las redes de extorsión. A esta cadena de crímenes se suma la reciente revelación del presidente José Jerí, quien reconoció que el Ejecutivo no estaría en condiciones de hacer frente de manera efectiva a esta ola criminal, una afirmación que ha generado alarma.
“Para la Comisión de Defensa del Consumidor, esta admisión confirma la urgencia de adoptar medidas inmediatas y coordinadas, no solo para frenar la violencia, sino también para garantizar que el Estado no abandone a los menores de edad que hoy quedan huérfanos y sin la protección económica y psicológica que se les prometió” agregó la legisladora Katy Ugarte.
En su oficio, la congresista Ugarte solicitó información precisa sobre el número total de menores identificados como huérfanos de transportistas asesinados, desagregados por región; los casos que ya han recibido apoyo económico y psicológico; las coordinaciones interinstitucionales realizadas para elaborar un padrón completo de beneficiarios; y las dificultades que enfrenta el sector para implementar las medidas anunciadas.
La preocupación legislativa se ve reforzada por una reciente denuncia periodística, que reveló que la mayoría de las familias de transportistas asesinados por extorsiones aún no recibe el apoyo prometido. Según el reportaje, durante el gobierno de Dina Boluarte se anunció la ayuda, pero no se elaboró un registro integral de fallecidos. Esta omisión tampoco habría sido corregida por la actual administración encabezada por el presidente del Consejo Directivo del Congreso, José Jerí, lo que impide identificar adecuadamente a los beneficiarios.