Congreso: presentan denuncia constitucional contra José Jerí y su Gabinete por muerte de manifestante en protestas
Una nueva controversia política sacude al Ejecutivo. La congresista Sigrid Bazán, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra el presidente encargado José Jerí Oré, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez Miranda, y el ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo, a quienes acusa de presunta infracción a la Constitución por la represión durante las recientes manifestaciones en Lima.
El recurso fue ingresado la tarde del jueves 16 de octubre ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y señala que los altos funcionarios habrían vulnerado los derechos a la vida, la integridad física y la protesta pacífica, contemplados en los artículos 2, 3, 39 y 44 de la Carta Magna. La acción se fundamenta en la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven que perdió la vida durante las protestas en el Centro de Lima.
#ALERTA Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del Interior, TODOS responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes. pic.twitter.com/bJoknlBB8A
— Sigrid Bazán (@sigridbazan) October 17, 2025
Bazán aseguró que la denuncia “no responde a intereses políticos coyunturales”, sino a la necesidad de garantizar que las más altas autoridades del país rindan cuentas por sus decisiones. “No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes”, expresó la parlamentaria en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
SOBRE EL DOCUMENTO
El documento también detalla que José Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre, mientras que Álvarez y Tiburcio fueron designados como premier y ministro del Interior el 14 de octubre, respectivamente. Según la legisladora, las acciones del Ejecutivo durante las protestas habrían comprometido la legalidad y legitimidad del ejercicio del poder.
Desde el gobierno, la respuesta no tardó. En una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda afirmó que la denuncia “debe resolverse mediante una investigación”, aunque insinuó que se trataría de “un aprovechamiento político de una circunstancia lamentable”.