En octubre del año pasado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral inició una investigación administrativa contra Freddy Solano Gonzales, por negligencia en sus funciones.
Por Hernán P. Floríndez | Unidad de Investigación
Apenas cinco días antes de que el abogado Freddy Solano González sea nombrado máximo jefe de la SUNAFIL, su misma institución inició un procedimiento administrativo sancionador debido a su presunta negligencia en el cobro de multas a empresas sancionadas.
Cuando Freddy Solano se desempeñaba como Subintendente de Sanción 5, de la Intendencia de Lima Metropolitana, según la Resolución de Intendencia N°002-2023-SUNAFIL, habría dejado prescribir tres multas por cobrar “generando un perjuicio” a la entidad.
La primera multa se consintió en el expediente sancionador N° 2338-2018 de julio de 2019. Pero no fue hasta octubre de 2022 que se envió la información al área encargada de la cobranza. Para entonces, la ley amparó la prescripción total de la deuda.
Una situación similar ocurrió con el expediente sancionador N° 1698-2016, contra la empresa A & N UNIDOS, dedicada a la venta de tabaco, que vio su multa vencida por la posible negligencia del ahora jefe de la Sunafil:
“La presunta falta por parte del servidor Freddy José María Solano Gonzáles quien habría remitido el Expediente de Ejecución de Multa fuera de plazo para exigir por la vía de ejecución forzosa el pago de la multa impuesta. Generando un perjuicio para la entidad de poder iniciar por vía de procedimiento de ejecución coactiva el cobro de la multa, originado la inexigibilidad de la misma”, se lee en la documentación a la que accedió Latina Noticias.
El mismo destino tuvo la multa impuesta contra la empresa PRODUCT-PERU, comerciante de productos a empresas retail; cuya sanción económica prescribió en junio de 2022 luego que pasaran más de dos años con el expediente dando vueltas.
De corroborarse la responsabilidad del ahora jefe de la Sunafil, este podría ser suspendido en su cargo por un año sin remuneración.
La SUNAFIL emitió un comunicado como respuesta a Latina Noticias, puntualizando que la Procuraduría de la institución aún intenta cobrar las multas. Además de que el retraso en el trámite de estos expedientes se debió a que con la llegada del “COVID-19, muchos procesos y trámites se vieron afectados por la excesiva carga laboral y la falta de capacidad operativa”.
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