Osiptel y Migraciones fiscalizarán telefonía móvil para prevenir suplantación de identidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) anunciaron un importante convenio, con el objetivo de combatir la suplantación de identidad en la contratación de servicios móviles. Por lo que han firmado un convenido que permitirá un cotejo de datos para validar la identidad de titulares extranjeros de líneas móviles.

El convenio tendrá una duración de un año, durante el cual Migraciones brindará a OSIPTEL acceso a su servicio de cotejo masivo, que permitirá la verificación de más de 1 millón de registros extranjeros de servicios móviles públicos, según los datos proporcionados por las empresas operadoras.

EN QUÉ CONSISTIRÁ EL COTEJO DE DATOS MASIVO

Consistirá en comparar los registros proporcionados por el OSIPTEL con la información almacenada en el Registro Central de Extranjería que administra Migraciones. El objetivo será verificar la veracidad de los datos de los usuarios y detectar cualquier inconsistencia. En caso de encontrar discrepancias, se tomarán las medidas necesarias para corregir los datos o dar de baja el servicio móvil si no se logra subsanar los errores. Esta acción garantizaría la seguridad de los usuarios y prevenir la posibilidad de casos de suplantación de identidad, así como el uso de estas líneas en actividades delictivas.

Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo del OSIPTEL, destacó la importancia de este acuerdo al afirmar que «de encontrarse inconsistencias, se dispondrán las acciones necesarias para la corrección de los datos o la baja del servicio móvil por no lograr la subsanación de los mismos, teniendo en cuenta que representan un riesgo para la seguridad de los usuarios ante la posibilidad de casos de suplantaciones de identidad y el uso de estas líneas en diversos delitos».

Por su parte, Armando García Chunga, superintendente nacional de Migraciones, subrayó que este convenio no solo representa una colaboración institucional, sino también una alianza estratégica entre ambas entidades para contribuir a la seguridad ciudadana y mitigar los riesgos asociados al uso de la telefonía celular en actividades ilícitas.