Criminalidad en el Perú: cifra de homicidios y extorsiones no coinciden entre la Policía y la Fiscalía
La ola de criminalidad que azota al país no solo mantiene en alerta a las autoridades, también revela una preocupante falta de coordinación entre las instituciones encargadas de combatirla. Los números, lejos de aclarar la magnitud del problema, lo vuelven más confuso: Fiscalía, Policía Nacional y el Ministerio de Salud manejan cifras completamente distintas sobre los mismos delitos.
De acuerdo con el ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal, el promedio mensual de denuncias por homicidios presenta diferencias abismales. Solo entre enero y agosto de 2025, el Ministerio de Salud reporta 1.500 muertes violentas; la Policía Nacional, 1.822; y el Ministerio Público, 8.980 denuncias por homicidio. “Estamos hablando de casi cuatro o cinco veces más de lo que consigna la Policía Nacional. Es como que el Ministerio Público nos está abriendo los ojos de la real magnitud, pero golpea mucho cuando las cifras son mayores”, advirtió Carbajal.
EXTORSIONES Y HOMICIDIOS: DATOS QUE NO SE HABLAN ENTRE SÍ
La misma disparidad se repite con las extorsiones. Hasta julio de este año, la Policía Nacional registró 15.898 denuncias, mientras que la Fiscalía alcanzó 17.189. Aunque en menor proporción que los homicidios, la diferencia evidencia que no existe un sistema unificado ni parámetros claros para contabilizar los delitos que más afectan a la ciudadanía.
¿Por qué no coinciden los números? Existen varias hipótesis. Para Carbajal, la desconfianza ciudadana podría estar inclinando a muchas personas a denunciar directamente en el Ministerio Público, sin pasar por una comisaría. Desde el otro lado, la fiscal Fanny Quispe, coordinadora de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, explicó que no toda denuncia implica un caso sólido: “Una cosa es una denuncia, pero hay que juntar las herramientas de prueba y obtener una sentencia que nos diga que ese es el delito ejecutado”.
En lo que va del 2025, el trabajo fiscal se traduce en resultados concretos: 976 procesos penales contra estructuras criminales, 192 casos en juzgamiento, 103 acusaciones fiscales, 44 megaoperativos, 310 detenidos, 398 inmuebles allanados, 147 prisiones preventivas, 257 personas condenadas en 78 sentencias y 62 cadenas perpetuas impuestas. Un esfuerzo que busca frenar el avance del crimen organizado, mientras la falta de “sinceramiento” y coordinación estadística sigue complicando la comprensión de la crisis.
Las cifras, más que simples datos, son herramientas para diseñar políticas públicas efectivas. Sin un panorama real y unificado, el país sigue enfrentando la criminalidad con los ojos vendados, sin saber con certeza qué tan grave es el problema ni si las medidas adoptadas están funcionando.