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Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿cuáles son las restricciones para motociclistas?

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mherbozo@latina.pe
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Tras la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, el Gobierno dispuso nuevas restricciones para los motociclistas en ambas jurisdicciones, según el Decreto Supremo 124-2025-PCM. La medida busca frenar el incremento de delitos cometidos con vehículos menores, en especial motocicletas, y reforzar la estrategia de seguridad en las zonas más afectadas por la criminalidad.

Los motociclistas deberán cumplir nuevas normas de circulación y control, que incluyen operativos de identidad, fiscalización vehicular y revisión de documentos. Estas acciones forman parte del plan del Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Entre las disposiciones más importantes figura la prohibición del traslado de dos adultos en motocicletas lineales (categoría L3). Esta decisión se sustenta en investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), que señalan que la mayoría de asaltos cometidos con motos involucran a dos personas adultas que aprovechan la velocidad del vehículo para escapar tras el delito.

La norma indica que solo podrá circular una persona adulta por moto, salvo excepciones específicas, como el traslado de menores o situaciones justificadas, aunque estas no fueron precisadas en el decreto. Asimismo, la PNP, junto con las Fuerzas Armadas y los Serenazgos municipales, podrá realizar operativos de control de identidad en cualquier punto de Lima y Callao.

Durante estos operativos, las autoridades estarán facultadas para detener motocicletas, solicitar documentos, revisar antecedentes y verificar permisos de circulación. También podrán inspeccionar los vehículos en busca de armas, drogas o productos ilícitos, y retener aquellos que presenten placas adulteradas, ilegibles o documentación irregular.

Las restricciones estarán vigentes por 30 días, aunque el plazo podrá ampliarse si el Gobierno decide prorrogar el estado de emergencia. Los motociclistas deberán acatar las nuevas disposiciones, bajo riesgo de intervenciones, decomisos o sanciones, con el objetivo de reducir los delitos cometidos mediante el uso de motocicletas.

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