Crimen e impunidad: Solo 20 de 150 bandas de extorsionadores enfrentan condena en el Perú
El asesinato de un chofer en la avenida Gambetta revela la crudeza de un fenómeno que se ha vuelto incontrolable. En los últimos dieciocho meses, solo veinte casos de extorsión han llegado a sentencia en todo el país.
Eran las 9 y 50 de la noche del lunes 27 de octubre cuando José Jhony Esqueche Ñingles, conocido entre sus compañeros como “Brujito”, miró por la ventana de la combi que conducía y entendió lo que iba a pasar. Dos sicarios lo seguían desde hacía cuadras por la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. Cuando lo tuvieron a tiro, dispararon sin piedad.
Los testigos corrieron a socorrerlo, pero era demasiado tarde. “Brujito”, mecánico de frenos y conductor en sus ratos libres, se convirtió en una nueva víctima del sicariato que azota a transportistas y comerciantes, pese al estado de emergencia que rige en Lima y el Callao.
Sus compañeros, indignados, bloquearon la avenida Gambetta al grito de “¡Jhony presente!”. Algunos cubrían sus rostros por miedo a las represalias. “Era una persona tranquila, trabajadora. Si fuera un maleante, ya pues, pero no. Solo quería trabajar”, contó uno de ellos. Al día siguiente, el féretro de Jhony fue trasladado a Chiclayo con ayuda del presidente José Jerí, mientras en su ruta el temor seguía latente: dos días antes, otro chofer había sido asesinado con el mismo modus operandi.
SOLO VEINTE SENTENCIAS POR EXTORSIÓN EN AÑO Y MEDIO
La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a datos que retratan la magnitud de la impunidad. Entre enero del 2024 y julio del 2025, el sistema judicial solo registra veinte sentencias por extorsión, de las cuales cuatro pertenecen a Lima y ninguna al Callao.
“Es un problema grave”, advierte el especialista en seguridad Julio Corcuera. “De 85 mil denuncias entre 2020 y 2025, apenas 1,470 llegaron al Poder Judicial. Más del 98% termina en la absoluta impunidad, y eso explica por qué el crimen avanza”.
Según la Policía, existen actualmente 1,389 presos por este delito, pero no se trata necesariamente de casos recientes. Las denuncias por extorsión han crecido año tras año, especialmente en Lima, Callao y La Libertad, alcanzando cifras récord este 2025. Sin embargo, las condenas siguen estancadas.
EL CUELLO DE BOTELLA TECNOLÓGICO QUE FRENA LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina lo resume con cifras alarmantes: “Solo las fiscalías de crimen organizado tienen 1,142 celulares, 258 CPUs y USBs pendientes de análisis. Apenas se ha podido revisar la información de 294. Nos faltan 1,106 aparatos porque no tenemos la tecnología”.
El equipo necesario, llamado Cellebrite, permite extraer y analizar datos de los celulares incluso si fueron borrados. Pero, según fuentes de Punto Final, la Policía Nacional cuenta con menos de cinco dispositivos operativos. “Por lo menos cada Depincri debería tener uno, y no lo tienen. Así no se puede enfrentar la delincuencia”, advierte Chávez Cotrina.
La consecuencia es directa: los peritos tardan meses, incluso un año, en revisar un solo teléfono incautado durante un operativo. En ese tiempo, las investigaciones se congelan y las bandas siguen operando con total libertad.
LA EXTORSIÓN DEL MIEDO Y EL SILENCIO
El abogado Juan Carlos Condori lo vivió en carne propia. Representa a gremios de transporte urbano y de carga pesada, y hace dos semanas recibió mensajes extorsivos con fotos y direcciones de sus familiares. “Fui a la Policía para denunciar y me dijeron que no tenían los equipos para recuperar los mensajes”, contó.
Condori, que conoce casos de clientes asesinados tras recibir amenazas similares, terminó bloqueando el número por miedo. Como él, miles de víctimas prefieren callar. “El extorsionador impone miedo para cobrar su ‘impuesto del miedo’. Y el miedo también impide denunciar”, señala Corcuera.
El gobierno de José Jerí prepara un paquete normativo para fortalecer la lucha contra este delito y crear fiscalías ad hoc, pero el país no puede esperar quince días más. En las calles, la extorsión sigue creciendo a pasos agigantados, mientras el estado de emergencia se convierte, cada vez más, en una medida simbólica frente a una realidad desbordada.
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