“Gota a gota” judicial en las pensiones: marinos retirados denuncian descuentos por deudas que desconocen
Juan Carlos Briceño Paredes es un marino en retiro que sirvió más de 30 años y cinco meses a la Marina de Guerra del Perú, pero hoy, convertido en paciente oncológico y crónico renal, su mayor preocupación no es su salud, sino los constantes descuentos que aparecen cada mes en su boleta de pensión por deudas que asegura no haber contraído.
Lo que empezó como un préstamo informal de mil soles para cubrir tratamientos médicos terminó convirtiéndose en obligaciones judiciales que superan los cincuenta mil soles, respaldadas por actas de conciliación extrajudicial que los afectados aseguran desconocer y jamás haber firmado.
MÁS EXMARINOS INVOLUCRADOS
Esta situación no es un caso aislado. Diversos exmarinos denuncian una presunta nueva modalidad de estafa similar al “gota a gota”, con la diferencia sustancial de que el propio sistema judicial estaría siendo instrumentalizado como mecanismo de presión y cobro mediante actas fabricadas con montos inflados y domicilios falsos. Richard Gómez, abogado de los agraviados, señala que el patrón se repite constantemente: hacen firmar documentos y pagarés en blanco a personas vulnerables para luego activar demandas de ejecución de actas que los jueces terminan admitiendo sin verificar la autenticidad de las firmas o las direcciones.
Otro de los afectados es Rafael Mesías Figueroa López, quien sirvió 30 años a la institución y solicitó un préstamo informal de dos mil soles que afirma haber pagado en su totalidad, descubriendo posteriormente que le habían creado una deuda adicional de diez mil soles mediante documentos que nunca suscribió. Asimismo, Harry Enríquez Mendoza, con 33 años de servicio, recurrió en julio de 2022 a un préstamo de 1,500 soles para gastos médicos de su hija, encontrándose con la sorpresa de que, tras pagar varias cuotas, le fabricaron un expediente judicial por un monto de 17,500 soles con domicilios falsos en el Cercado de Lima donde jamás ha vivido.
Detrás de estas operaciones se encuentra José Ángelo Bazán, un empresario vinculado a una tienda de electrodomésticos ubicada en la avenida Abancay, señalado por los exmarinos como la persona que entregaba el dinero y les hacía firmar boletas simuladas como venta de artefactos junto con hojas en blanco. Los denunciantes sostienen que, al intentar reclamar o denunciar el hecho ante la Marina, recibieron amenazas directas del propio Bazán, quien les advirtió que les cobraría hasta el último día de sus vidas utilizando este sistema de cobros compulsivos por planilla militar.
Al ser consultado por el equipo periodístico sobre las graves imputaciones en su contra, José Ángelo Bazán se negó a brindar una entrevista formal ante cámaras en su establecimiento, aunque aseguró vía digital y en conversación preliminar que las denuncias son maliciosas, que los préstamos fueron reales y que las actas de conciliación cuentan con el consentimiento y las declaraciones juradas de los prestatarios. No obstante, compartió la postura de uno de los involucrados reconociendo firmas parciales, mientras que otros actores vinculados al esquema han comenzado a revelar detalles internos de cómo operaba la red de captación.
Una pieza clave en la investigación fiscal es el testimonio de Adán Huapaya Quichis, un exmarino en retiro que reconoció haber trabajado como reclutador para Bazán, capturando a personas necesitadas en las inmediaciones del Hospital Naval y de la avenida Venezuela. Huapaya confesó que su labor consistía en enviar las boletas de pago de los marinos endeudados para evaluar su liquidez y que, con el tiempo, constató irregularidades graves en los montos consignados en los documentos que obligaban a firmar a las víctimas en perjuicio de su patrimonio.
Las ramificaciones de este esquema delincuencial continúan sumando víctimas y expedientes en el Ministerio Público, tal como lo manifiesta Otto Díaz Narria, otro exmarino en retiro que descubrió de la noche a la mañana descuentos judiciales por una supuesta deuda de casi ochenta mil soles. Díaz calificó el modus operandi como una organización criminal que amenaza la tranquilidad de decenas de familias militares, exigiendo la intervención urgente de las altas esferas de la Marina de Guerra del Perú para frenar el embargo sistemático de sus pensiones.
Mientras las investigaciones a cargo de la Fiscalía avanzan con testimonios clave y pruebas documentales sobre falsificación y estafa, en los exteriores del Hospital Naval persisten los cartones y mensajes impresos ofreciendo facilidades de dinero rápido. Estas mismas señales de alerta fueron las que dieron origen a este reportaje sobre una red que aprovecha la vulnerabilidad y la salud quebrantada de veteranos de guerra para apropiarse mes a mes de los ingresos que les corresponden por sus años de servicio al Estado.