Ternas bajo investigación: denuncias involucran a tres suboficiales en presunta siembra de droga y extorsión
La detención de tres suboficiales de la Policía Nacional por una presunta extorsión en Los Olivos ha abierto interrogantes sobre el accionar del Grupo Terna en San Juan de Lurigancho. Punto Final reconstruyó ambos casos y encontró que el suboficial Angello Dorregaray aparece involucrado en las dos historias: en la primera, por la denuncia de un comerciante; en la segunda, por las acusaciones de Alipio Vidalón Quintero, un hombre de 59 años que pasó nueve meses recluido por un proceso relacionado con presunta microcomercialización de drogas.
La denuncia por hurto y extorsión
La mañana del sábado 17 de octubre, seis efectivos policiales —tres del Escuadrón Verde, Grupo Terna, y tres de la Dirección de Inteligencia— fueron detenidos por agentes de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) de Lima Norte. La intervención respondió a la denuncia de Moisés Sánchez Roncal, comerciante que acusó a los policías de ingresar ilegalmente a su domicilio, sustraer S/6.000 y exigirle otros S/4.000 bajo amenazas.
Según la denuncia, el dinero adicional debía entregarse durante un operativo coordinado con las autoridades. Walter Ramos Gómez, director de la DIRCOCOR, indicó que las pericias con un reactivo químico detectaron rastros en las manos de uno de los suboficiales y en el vehículo policial. Sin embargo, el abogado de Dorregaray, Yván Trujillo Robles, cuestionó esa versión y sostuvo que el reactivo no dio positivo en las manos de su defendido. La discrepancia forma parte de la investigación.
El expediente atribuye el resultado positivo al suboficial David Chaupis Castillo. Junto con Dorregaray y Randy Sánchez Tupia, permanece detenido por este caso, mientras la Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los tres. La defensa de Dorregaray afirma que es inocente y sostiene que los agentes perseguían a dos ciudadanos extranjeros armados que habrían ingresado al mercado donde se produjo la intervención.
La intervención contra Alipio Vidalón
Nueve meses antes, el 15 de enero, Alipio Vidalón y su hijastra, Mariel Palomino Oré, fueron intervenidos por policías vestidos de civil en San Juan de Lurigancho. La acusación contra Vidalón era la presunta microcomercialización de drogas. Entre los agentes que participaron, según la identificación realizada por Palomino, se encontraba el suboficial Dorregaray.
Las cámaras de seguridad registraron la intervención en el cruce de las avenidas Los Jardines y Próceres, cerca de las 4:45 p. m. Las imágenes también muestran que Vidalón ingresó a su vivienda con los policías alrededor de las 5:33 p. m. y salió siete minutos después acompañado por los mismos agentes. En ese primer ingreso no se observa que estuviera siendo detenido ni que se trasladara droga incautada.
Vidalón asegura que los policías le sustrajeron S/40.000 y que posteriormente introdujeron droga y un arma en su vivienda. Su hijastra también denunció presuntas irregularidades durante la intervención y afirmó que ella, su madre y sus dos hijos menores fueron trasladados en un vehículo sin placa y posteriormente abandonados cerca del penal de Lurigancho.
La versión policial presenta contradicciones que ahora forman parte de las preguntas pendientes. En su declaración inicial, Dorregaray afirmó que Vidalón fue detenido cerca de su vivienda, con un morral que contenía la presunta droga. Sin embargo, el 22 de enero, los policías modificaron su versión y señalaron que la detención se produjo en el cruce de Próceres con Los Jardines. Sobre el ingreso inicial a la casa, sostuvieron que habían entrado para recoger los medicamentos de Vidalón, quien es paciente oncológico.
Dos investigaciones abiertas
La familia de Vidalón denunció en febrero un presunto secuestro y, en julio, la denuncia individualizó a algunos agentes, entre ellos Dorregaray. El suboficial niega las acusaciones a través de su abogado, quien sostiene que la denuncia sería una represalia y señala los antecedentes de Vidalón. Este último reconoce que estuvo preso anteriormente por un caso relacionado con insumos químicos, pero afirma que no tuvo responsabilidad.
Vidalón permaneció nueve meses recluido por el proceso vinculado a la presunta droga incautada y salió en libertad debido a su estado de salud. El caso continúa abierto, al igual que la investigación por la presunta extorsión al comerciante de Los Olivos. La DIRCOCOR ha señalado que existen elementos que deben investigarse y que la institución debe identificar a los malos elementos.