La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, sostuvo que la medida responde a una autorización incluida en la ley de presupuesto y que el dinero cubre una etapa inicial. También indicó que todavía no existe un monto definitivo para determinar cuánto deberá reconocer la empresa al Estado por los trabajos de remediación.
CONTAMINACIÓN Y COMUNIDADES AFECTADAS
La unidad minera Florencia-Tucari comenzó sus actividades de explotación de oro el 4 de marzo de 2005 en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua. Según el Ministerio de Energía y Minas, un informe de causalidad elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2021 determinó un nexo causal directo entre sus actividades y la afectación del río Coralaque. Pero no sería el único caso, la unidad minera también estaría vinculada con daños a las quebradas Margaritani, Apostoloni, Tucarirani y Titire.
Los distritos de Carumas, Chojata, San Cristóbal, Quinistaquillas, Omate y Pachas figuran entre los más afectados. Habitantes de estas zonas señalaron que terrenos anteriormente destinados a la ganadería y agricultura han perdido su productividad. Uno de ellos indicó que, de las 300 hectáreas que antes utilizaban, actualmente solo conservan unas 15 para subsistir.
Debido a incumplimientos ambientales, la OEFA impuso a Aruntani multas por más de S/ 128 millones.
GARANTÍAS INSUFICIENTES Y REMEDIACIÓN
En 2019, el Ministerio de Energía y Minas declaró que se había incumplido el plan de cierre de Florencia-Tucari, por lo que ejecutó garantías por más de US$ 8 millones. De acuerdo con el sector, ese monto cubría la clausura, pero no las actividades de cierre progresivo. En ese sentido, el costo total estimado para el cierre asciende a US$ 17,5 millones.
Luego, la ANIN presentó un proyecto de remediación de la unidad minera con una inversión estimada de S/ 1.114 millones, cifra que reavivó las críticas sobre el uso de fondos públicos para atender los daños ambientales atribuidos a la actividad minera.
Mientras especialistas cuestionan un posible conflicto de intereses, la viceministra defendió la transferencia y señaló que el Estado cuenta con mecanismos para responder a problemas ambientales y sociales.
VIDEO RECOMENDADO
