Juez federal suspende arrestos de ICE en tribunales migratorios de New York
Un juez federal de Nueva York ordenó suspender de forma temporal los arrestos generalizados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dentro y en los alrededores de tres tribunales migratorios de Manhattan.
La orden fue emitida por el juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, quien inicialmente había avalado la práctica el año pasado, pero dio marcha atrás tras la admisión de los fiscales federales en marzo de que el ICE los había inducido a error sobre la legalidad de los arrestos en las audiencias migratorias.
La medida aplica a tres cortes de inmigración en Manhattan: 201 Varick Street, 290 Broadway y 26 Federal Plaza. Según el fallo, el ICE solo podrá realizar arrestos en esas sedes bajo ciertas circunstancias específicas: amenazas a la seguridad nacional o pública, riesgo inminente de violencia o riesgo inminente de destrucción de evidencia en un caso penal.
El origen del giro judicial fue una carta presentada en marzo por abogados del Departamento de Justicia, en la que reconocieron haber cometido un “error material de hecho” al retirar partes clave de la defensa del gobierno sobre la política de arrestos en tribunales migratorios. La carta señaló que la guía del ICE de mayo de 2025 “no aplica ni ha aplicado nunca” a las acciones de control migratorio civil dentro o cerca de los tribunales de inmigración.
Castel señaló en su fallo escrito que, si bien existe un interés gubernamental sólido en hacer cumplir las leyes migratorias, también hay un interés serio en permitir que los individuos asistan a los procedimientos de deportación y solicitudes de asilo ante un juez sin temor a ser arrestados. Precisó además que los agentes federales aún pueden realizar detenciones en lugares alejados de los tribunales de inmigración.
La decisión surge de una demanda presentada por la New York Civil Liberties Union, la American Civil Liberties Union, Make the Road New York y otras organizaciones. Se trata de una medida cautelar mientras el juez continúa evaluando si la política de arrestos viola la Ley de Procedimiento Administrativo.