De acuerdo a personal de Sedapal, estas conexiones le habrían permitido al club consumir agua potable sin pagar por ella.
Compañías del rubro textil suman más de 28 millones de soles en deudas, mientras que los servicios recreacionales acumulan cerca de 12,5 millones.
Esta organización criminal se dedicaba a comercializar agua potable que debía ser distribuida gratuitamente en zonas vulnerables de San Juan de Lurigancho y Jicamarca.
Entidad exhortó a la población a regular el uso de este recurso para evitar su escasez durante los meses de verano en el país.
Sin electrodomésticos, camas, muebles y ropa. Afectado denunciará a Sedapal, pues sería la cuarta vez que ocurre un hecho como este en el AA. HH. José Olaya.
Los espacios reducidos debido a las obras que viene efectuando Sedapal, mediante la empresa contratista Concyssa, provocó que un nonagenario cayera encima de su esposa.
Choferes de cisternas que fueron despedidos denunciaron que la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí era la que delegaba la entrega de agua y el cobro a locales.
Los trabajadores alegan que solo cumplían con las órdenes de la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí cuando trasladaban el agua a piscinas, obras, pollerías y pozos.
La Municipalidad de San Antonio de Huarochirí debía de destinar este recurso de manera gratuita; sin embargo, descargaban las cisternas de agua en gigantescos pozos para luego venderla.
Tras denuncia de Punto Final, la empresa afirmó que ha inhabilitado a una de las compañías que prestaban el servicio de distribución de este recurso.
