La defensa legal de Pedro Castillo asegura que colaboró con el allanamiento y la recolección de las filmaciones de seguridad y que no admite la competencia del juez de disfrazar la investigación hacia el presidente con el pretexto del caso Yenifer Paredes.
Los fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción del poder del Ministerio Público terminaron las diligencias en Palacio de Gobierno, en las cuales incautaron las filmaciones de las cámaras de seguridad de los días 8,9 y 10 de agosto por el caso de Yenifer Paredes.
La diligencia duró casi quince horas y el objetivo es determinar si el día 9 de agosto, día de la detención contra Yenifer Paredes, ella fue ocultada en las instalaciones de la sede presidencial por la investigación que se le sigue de integrar una presunta organización criminal liderada por el mandatario.
Al respecto, uno de los abogados de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, dijo que, en efecto, se cumplió con el allanamiento y la recolección de cámaras, un proceder que advierte que se está investigando al presidente de la República y se disfraza este hecho con el pretexto del caso Yenifer Paredes.
“En primer lugar no admitimos la competencia de un juez de primera instancia, de una sala penal en atención que se está investigando al presidente de la República disfrazando so pretexto de la señorita Yenifer Paredes”, declaró a los medios de comunicación.
Asimismo, indicó que el hecho hipotético negado de que Yenifer paredes haya estado o no estado (ese día en Palacio) es atípico en atención a que cualquier persona que tiene un mandato de detención puede hacer valer su derecho a la defensa en salvaguarda de ponerse a buen recaudo, porque es parte de su derecho.
Yenifer Paredes afronta prisión preventiva por 30 meses en el Penal de Mujeres de Chorrillos desde fines de agosto por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal.
De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, ella habría participado como testaferro de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo para favorecer a empresas con licitaciones fraudulentas y millonarias.
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