Las Bambas: minera no logra desalojar a comunidad de sus instalaciones

LIMA, 29 abr (Reuters) – Al menos una comunidad indígena seguía ocupando el viernes la mina de cobre peruana de Las Bambas mientras las operaciones seguían detenidas, según la empresa y dos fuentes de la comunidad, pese a las operaciones policiales para desalojarlos.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y Las Bambas, propiedad de la china MMG, es uno de los principales yacimientos cupríferos mundiales, suministrando el 2% de la oferta mundial. La mina es clave para la economía peruana, ya que representa el 1% del Producto Interno Bruto del país andino.

La empresa afirmó en un comunicado que los manifestantes están «armados con piedras, cócteles molotov y otras armas», añadiendo que atacaron a los agentes de seguridad y que varios resultaron heridos.

Las comunidades indígenas de Fuerabamba y Huancuire irrumpieron en la mina el 14 de abril y acamparon en su interior, obligando a Las Bambas a suspender las operaciones una semana después. Alegan que la mina no ha cumplido plenamente los compromisos previos adquiridos con ellos.

El jueves, las fuerzas policiales intentaron desalojar a la comunidad Huancuire, pero no lo lograron, mientras que la de Fuerabamba fue desalojada a principios de semana, pero intentó volver a entrar, según representantes de ambas comunidades.

«Estamos dentro y vamos a recuperar el 100% del territorio», dijo Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba.

Las Bambas dijo que Fuerabamba estaba intentando entrar, pero no confirmó si lo había conseguido. Fuerabamba fue reasentada hace casi una década para dar paso a la construcción de Las Bambas.

Huancuire no ha sido reasentado, pero se opone a los planes de Las Bambas de ampliar sus operaciones mineras más cerca de su territorio.

Alexander Raúl, asesor de la comunidad de Huancuire, dijo que el viernes se cumplen 15 días desde que la comunidad entró en la mina.

El periodo de dos semanas es clave, ya que la ley peruana permite a los propietarios recurrir a la fuerza para desalojar a los intrusos en los primeros 15 días de una invasión, pero después tienen que pasar por un proceso legal más largo.