Asesinatos, agresiones y limitaciones legales: la prensa estuvo bajo ataque en diciembre de 2025
Un fin de año oscuro para para el periodismo en el Perú. En diciembre de 2025, mes en que se conmemora la paz y la Navidad, 2 periodistas peruanos, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, fueron asesinados cruelmente por sicarios durante sus jornadas de salida y entrada de sus labores. También atentaron contra la vida de Anthony Rumiche, periodista que logró cubrirse de 20 disparos que hampones en un motorizado gatillaron contra él en la puerta de su casa. A la vez, el equipo de Punto Final obtuvo una respuesta favorable sobre el archivamiento de la denuncia que Juan José Santiváñez, el exministro del Interior de Dina Boluarte, acusó de “reglaje” a Latina.
En su último informe mensual sobre la libertad de expresión en el Perú, el CPP informó que solo en diciembre de 2025 se registraron 8 casos que vulneraron la práctica de la prensa peruana, donde se cuentan asesinatos, seguimiento y censura contra periodistas que investigaban a funcionarios públicos.
El Congreso tampoco se salva. En diciembre de 2025, el parlamento peruano aprobó el pedido de José Jerí para modificar el Código Penal e incorporar el ‘delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales’, lo que limita el alcance y protección de las fuentes periodísticas.
La prensa peruana en alerta
“El año pasado se registraron 458 ataques contra periodistas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, más de uno por día”, señala la posición de la CPP.
Otro caso preocupante contra la prensa es de la periodista Karla Ramírez, quien investigó al exministro del interior del gobierno de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, fue comunicada que se encontraba en la mira de espías que buscaban eliminarla. A pesar de ello, los casos continúan, como lo advierte el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
Ante estas limitaciones desde el poder y la criminalidad, la CPP remarca que “modificar el Código Penal para incorporar el ‘delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales’ abre una oscura puerta para la libertad de expresión e información”.