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Política

Comité de Derechos Humanos de la ONU recuerda a Perú implementar recomendaciones sobre juicio a Pedro Castillo

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Comité de Derechos Humanos de la ONU recuerda a Perú implementar recomendaciones sobre juicio a Pedro Castillo
Ricardo Mc Cubbin
Ricardo Mc Cubbin
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El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recuerda al Perú que debe informar sobre las recomendaciones que se plantearon en el sexto informe periódico al país, que se realizó durante el 137.º período de sesiones del Comité, celebrado del 27 de febrero al 24 de marzo de 2023. En las observaciones finales del Comité, se solicita al Estado que facilite, a más tardar, el 24 de marzo del 2026, información sobre la aplicación de las sugerencias sobre: el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, el proceso penal contra Pedro Castillo y derechos de las comunidades indígenas.

De acuerdo con la entidad de la ONU, el Perú no ha cumplido con facilitar la información solicitada, por lo que ha decidido enviar un recordatorio y establecer como nuevo plazo máximo el 24 de septiembre del 2026.

“Se ruega al Estado parte que, al presentar su respuesta al Comité, no reitere información ya facilitada a este, sino que se centre en las medidas concretas adoptadas para aplicar las recomendaciones seleccionadas para el procedimiento de seguimiento desde la aprobación de las observaciones finales”, se lee en la carta firmada por Yvonne Donders, relatora especial para el seguimiento de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos.

CASO DE PEDRO CASTILLO

En cuanto al caso de Pedro Castillo, el sexto informe periódico indica que se tiene que garantiar que el proceso penal seguido contra el expresidente se “desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo, tal como lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además, se pide que el proceso de vacancia presidencial siempre sea llevado a cabo en plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo. Incluso, sugieren hacer una reforma legislativa o constitucional para respetar el Pacto y alcanzar los estándares planteados.

PROTESTAS CONTRA DINA BOLUARTE

También se establece que el Perú debe adoptar medidas para prevenir y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, en relación con las reuniones pacíficas.

En referencia a las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte, que se dieron desde el 7 de diciembre del 2022, se menciona que el Estado debe “garantizar que las presuntas violaciones de los derechos humanos que pudieran haberse cometido en el marco de manifestaciones (…) sean investigadas sin demora y de manera exhaustiva, imparcial y eficaz”.

También insta a proteger las investigaciones de violaciones de derechos humanos contra la impunidad y asegurar que los presuntos autores comparezcan ante los órganos judiciales, el cual debe ofrecer garantías de independencia e imparcialidad. Las personas halladas responsables deberán ser sanciondas y las víctimas recibir una reparación completa, como indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Finalmente, el informe hace un llamado a redoblar esfuerzos para promocionar, proteger y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, en particular, respecto a la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Por ello, el Perú debe fortalecer los procesos de consulta para obtener consentimiento libre, previo e informado, para que se cumplan los acuerdos pactados con el Estado y las empresas públicas y privadas. Además, recomiendan revisar la normativa vigente sobre las tierras de los pueblos y las comunidades indígenas para asegurar su posesión, propiedad y/o uso.

Para conseguir reparaciones efectivas para todos los miembros de estas poblaciones, en caso de vulneración de sus derechos, se tienen que combatir las economías ilegales, especialmente en la Amazonía peruana e implementar medidas de protección a los líderes y lideresas indígenas.

Finalmente, sugieren “adoptar todas las medidas necesarias para que la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030 produzca reales avances en la protección y el reconocimiento de los derechos de esta comunidad”.

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