Delia Espinoza: segundo pedido de inhabilitación fue aprobado en la Comisión Permanente
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó imponer una segunda inhabilitación a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por haber presentado una denuncia constitucional contra congresistas que aprobaron una ley que permite a parlamentarios con pasado militar o policial percibir doble remuneración del Estado: sueldo como legisladores y pensión de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
La decisión fue adoptada con 16 votos a favor y 4 en contra. Respaldaron el informe final los congresistas Waldemar Cerrón, Patricia Juárez, Eduardo Salhuana, Martha Moyano, Jorge Marticorena, Digna Calle, Flavio Cruz, Jorge Zeballos, Alex Paredes, Gladyz Echaíz, Lady Camones, César Revilla, Francis Paredes, Isaac Mita, Patricia Chirinos y Karol Paredes. En tanto, votaron en contra Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Alfredo Pariona y Ruth Luque.
Con este resultado, el informe final que propone la inhabilitación de Espinoza será elevado al Pleno del Congreso, instancia que tendrá la decisión definitiva sobre la eventual sanción contra la titular del Ministerio Público.
Este nuevo proceso se suma a una medida previa que ya pesa sobre la fiscal de la Nación, quien cuenta con una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, en un caso relacionado con un reglamento que, según su defensa, no firmó ni suscribió. La acumulación de sanciones ha generado cuestionamientos sobre el alcance del control político del Parlamento frente a las funciones constitucionales del Ministerio Público.
DEFENSA DE ESPINOZA
Durante su descargo, Espinoza rechazó los cargos y defendió su actuación. “Si eso se archiva, quiere decir […] que he cumplido con mi función constitucional de perseguir el delito desde su inicio, desde el conocimiento, y más aún que yo recibí un caso ya iniciado. Si yo he cumplido con mi función, ¿cómo se pretende sancionárseme por qué no he cumplido con la inviolabilidad del artículo 93?”, declaró.
El fondo de la controversia es la ley que modificó el régimen de pensiones para exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, permitiendo que congresistas que hayan pertenecido a estas instituciones accedan a pensiones mientras ejercen el cargo parlamentario. Según la fiscal, la iniciativa benefició directamente a cinco congresistas exmilitares y a un expolicía, quienes habrían recibido gratificaciones superiores a los 46.000 soles en diciembre.
Espinoza calificó estos hechos como un “aprovechamiento indebido del cargo” y sostuvo que hubo dolo. “Había conocimiento, con voluntad, con dolo […] a pesar de que tuvieron informes provenientes de los ministerios de Defensa y del Interior, advirtiendo que podía haber un problema respecto de no poner un monto máximo”, señaló, acusando a seis congresistas de ignorar advertencias técnicas y acelerar un proyecto que, a su juicio, vulneró el interés público.