¿El Congreso ha beneficiado a la minería ilegal? Fiscal da contundente respuesta
El fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental, alertó que la exclusión de la minería ilegal de la ‘Ley contra el crimen organizado’, aprobada recientemente por el Congreso de la República, limita gravemente la capacidad del Ministerio Público para enfrentar este delito.
Almanza explicó que, tras la modificación legal aprobada por el Congreso, los casos de minería ilegal dejaron de ser competencia de la Corte Penal Nacional, que antes unificaba criterios y concentraba procesos complejos. “Hoy los casos se ven en cualquier distrito fiscal, lo que fragmenta las investigaciones y debilita la estrategia contra estas mafias”, señaló.
El fiscal advirtió que, sin la calificación de crimen organizado, las fiscalías ya no pueden aplicar técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos, escuchas legales, interceptación de comunicaciones o infiltración policial, medidas que resultaban claves para desarticular redes de minería ilegal.
“Si el Congreso no rectifica, nos limitaremos a realizar interdicciones, que son solo un paliativo. Es como bajar la fiebre sin tratar la enfermedad de fondo”, enfatizó en entrevista con el podcast ‘Agente Encubierto’ de Latina Noticias.
SOSPECHAS SOBRE BENEFICIOS POLÍTICOS
Consultado sobre posibles intereses detrás de la reforma, Frank Almanza sostuvo que el Ministerio Público ha solicitado formalmente que el Congreso retroceda y reincorpore la minería ilegal y los delitos ambientales en la‘Ley contra el crimen organizado’.
En esa misma línea, el fiscal superior también cuestionó que se haya vaciado de contenido la ‘Ley de extinción de dominio’, herramienta clave para atacar el poder económico de las mafias ambientales.
“El crimen se sostiene en el dinero: con poder económico tienen poder corruptor y poder político. Si no podemos golpear sus patrimonios, los volvemos casi invencibles”, advirtió.
Finalmente, Almanza señaló que hoy el Ministerio Público está “atado de manos” para combatir la minería ilegal de manera eficiente. “Las herramientas legales han sido recortadas de forma peligrosa y grave”, concluyó.