Estado de emergencia y creación de una policía municipal: las propuestas de los alcaldes de Lima a José Jerí
En el marco de una extensa reunión desarrollada —durante la mañana del martes 14— en Palacio de Gobierno, los alcaldes de Lima Metropolitana alcanzaron una serie de propuesta al presidente de la República, José Jerí, con la finalidad de armar un plan que será anunciado por el Ejecutivo como estrategia de lucha frontal contra la criminalidad. En este marco, se anunció que en las próximas horas se presentará el nuevo Gabinete, el cuál tendría una conformación que priorizaría los temas más urgentes para el país.
Entre las propuestas más recurrentes alcanzadas por los alcaldes distritales se encuentra la declaratoria del estado de emergencia en todo Lima. Esta medida fue respaldada por el jefe de Estado, quien confirmó que se tomarán medidas, pero estas serán diferentes a las convocadas por su predecesores en el cargo: “Los estados de emergencia que convoquemos serán distintos, no serán para la foto”.
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva, pidió que la declaratoria sea focalizada: “Fuimos el primer distrito en pedir declaratoria de emergencia. Volvemos a pedirlo, sería un buen anuncio, pero focalizado”. En el otro extremo se encuentra el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, quien pidió una declaratoria de emergencia, pero acompañado de un toque de queda que arranque desde la 1 de la mañana.
Durante este eventual estado de emergencia en la capital, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió a José Jerí que impulse —a través de un decreto legislativo que solicite facultades legislativa al Congreso— una amnistía por 30 días para que los portadores de armas ilegales puedan entregarlas a las autoridades. Vencido el plazo, se apliquen penas altas —deslizó la posibilidad de una cadena perpetua— a quienes no hayan entregado sus armas: “Luego de ese espacio para que se puedan entregar esas armas, se acabó todo tipo de contemplaciones del Estado. Espero que esto se incluya en sus medidas de emergencia”.
Por su parte, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, mostró su inconformidad con una eventual convocatoria a estado de emergencia: “San Martín Porres ha tenido tres estados de emergencia, al igual que San Juan de Lurigancho, y no han funcionado. Sin investigación e inteligencia, no va a funcionar”.
LA CREACIÓN DE UNA POLICÍA MUNICIPAL
Otra propuesta que fue respaldada por los alcaldes fue la creación de una Policía Municipal. La idea fue introducida en el debate por Carlos Bruce, representante de Surco. El titular de La Molina, Diego Uceda, indicó que se debería iniciar con un plan piloto —en el corto plazo— en la Municipalidad de Lima para evaluar sus resultados.
En esta línea, Felipe Castillo Oliva, alcalde de Los Olivos, instó a que esta Policía Municipal sea un puente para la profesionalización de los serenos: “Se debe profesionalizar al Serenazgo. Significa darle al joven no solo una oportunidad de trabajo, sino una oportunidad para hacer una carrera pública. Que vaya escalando desde cabo hasta comandante y que, al final de su carrera, pueda dirigir al Senerazgo. Deben ser el complemento perfecto para la Policía”.
Otras propuestas que se pusieron sobre la mesa fueron recuperar la idea de que los serenos puedan utilizar armas no letales, facultarlos para pedir DNI e identificación a los ciudadanos, mejorar la iluminación en las principales zonas donde opera la delincuencia, incrementar las restricciones para el uso de vehículo lineales, el regreso del servicio militar obligatorio, que los policías que salen de las academias hagan su SERUMS en las centrales de vigilancia de los distritos antes de incorporarse a su servicio en la PNP, detención de indocumentados extranjeros, entre otras medidas.
Finalmente, el alcalde de Lima, junto a los alcaldes distritales que asistieron a la reunión con el presidente Jerí, leyó un documento suscrito por todas las autoridades presentes en el que recopilaron las propuestas presentadas, pero también emitieron un respaldo al jefe de Estado, quien “asumió el cargo por los conductos constitucionales que corresponden”. En tanto, rechazan “todo acto que busque desestabilizar la democracia” y respaldan la “defensa de la institucionalidad”.