Fiscalía declara infundada denuncia de Santiváñez contra periodistas de Latina
La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este declaró infundado el recurso de elevación presentado por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra la periodista Mónica Delta y otros integrantes de Latina Noticias, a quienes acusaba de la presunta comisión del delito de “marcaje” o “reglaje” en agravio del Estado. Con esta decisión, la Fiscalía Superior concluyó que la imputación carecía de sustento legal y probatorio.
Como consecuencia de esta evaluación, se dispuso que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina (Tercer Despacho del Distrito Fiscal de Lima Este) proceda con el archivo definitivo de la investigación, cerrando así el proceso iniciado contra los periodistas de Punto Final.
En su resolución, la Fiscalía fue enfática en dos puntos clave: Santiváñez nunca aportó evidencia alguna que respalde sus acusaciones y el reportaje cuestionado constituye una conducta estándar del ejercicio periodístico, carente de relevancia penal. Además, se subrayó que este tipo de trabajo informativo se encuentra protegido por la Constitución y los tratados internacionales sobre libertad de expresión y prensa.
LLAMADAS NO SON SUFICIENTES
El órgano fiscal precisó que la sola alegación de haber recibido supuestas “llamadas extorsivas” no resulta suficiente para configurar un delito, ya que el denunciante no presentó números telefónicos, fechas, registros ni ningún otro elemento que permita verificar la existencia de dichos actos. Por el contrario, la Fiscalía reconoció que el reportaje fue una manifestación legítima de la labor periodística.
EL REPORTAJE
Cabe recordar que Santiváñez había presentado una denuncia penal contra periodistas de Punto Final y Latina Televisión, acusándolos de realizar “marcaje” y “reglaje” para facilitar presuntas extorsiones, tras la emisión de un reportaje que reveló sus constantes reuniones con ministros, congresistas y altos mandos policiales en oficinas de Palacio de Gobierno. La denuncia fue ingresada el 3 de julio y, en menos de 24 horas, se abrió una investigación preliminar por 60 días en agravio del Ministerio del Interior, lo que generó cuestionamientos sobre un posible uso del aparato estatal para intimidar a la prensa.
En el reportaje cuestionado, el equipo periodístico mostró, con imágenes y documentos, que Santiváñez mantenía prerrogativas de exministro, como el uso de vehículo oficial y resguardo policial. Los periodistas aclararon que nunca se difundió la dirección de su domicilio ni información privada, sino registros de su desplazamiento en un día común. Aun así, Santiváñez insistió en que el material facilitó extorsiones, una afirmación que, finalmente, no logró probar ante la Fiscalía.
GREMIOS Y ENTIDADES SE PRONUNCIARON
El gremio periodístico reaccionó con firmeza. El director de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miroquesada, calificó la denuncia de intento de intimidación: “Esto representa un ataque al ejercicio del periodismo”. Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo, advirtió que es un “uso abusivo del derecho penal como arma para silenciar a la prensa”.
Para Roberto Pereyra, director de IPYS, la denuncia es “temeraria y grave”: acusa a periodistas de preparar delitos graves sin ningún sustento. “Claramente es un trabajo periodístico legítimo. No hay ningún elemento que sustente la imputación de que facilitaron información a extorsionadores”, explicó.