Fiscalía expresa su rechazo al proyecto de ley que modifica proceso de extinción de dominio

La Fiscalía de la Nación expresó su rechazo al proyecto de ley que pretende modificar el Decreto Legislativo n.° 1373, que busca modificar la Ley de Extinción de Dominio, el cual fue aprobado en primera votación en el Congreso con 53 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones.

La propuesta establece que el proceso de extinción de dominio, aunque autónomo, debe estar sujeto a una sentencia firme o consentida, o a la resolución de un laudo emitido en un proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral.

📢 Pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación que rechaza el proyecto de ley que pretende modificar el Decreto Legislativo n.° 1373, sobre Extinción de Dominio. pic.twitter.com/TTAYdkZ4fe

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 20, 2024

FISCALÍA SEÑALA QUE EXTINCIÓN DE DOMINIO HA MOSTRADO RESULTADOS CONCRETOS

En ese contexto, el Ministerio Público, en un pronunciamiento difundido a través de redes sociales, argumentó que esta iniciativa contraviene el orden constitucional y las políticas adoptadas por el Estado en su lucha contra el tráfico ilícito de bienes y la acumulación de fortunas provenientes de actividades ilegales.

Asimismo, la Fiscalía explicó que, desde su implementación en junio de 2019 hasta octubre de 2024, el subsistema de extinción de dominio ha mostrado resultados concretos en la recuperación de bienes vinculados a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, el lavado de activos, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, la corrupción de funcionarios y las organizaciones criminales.

Según el informe de la Fiscalía, se han dictado 1419 sentencias fundamentadas, lo que ha permitido recuperar más de 551 millones de soles para el Estado y la sociedad.

FISCALÍA ADVIERTE «NEFASTAS CONSECUENCIAS» SI EL CONGRESO APRUEBA PROYECTO

En esa línea, el Ministerio Público rechaza dicho proyecto porque «afecta la autonomía e independencia del proceso de extinción de dominio, condicionando y limitando el inicio de la indagación patrimonial a una sentencia penal firme o consentida; cuya consecuencia no solo sería la devolución de los bienes y activos ilícitos a las organizaciones criminales, sino que estos permanezcan e ingresen al mercado lícito, robusteciendo el capital de la criminalidad».

«Exhortamos a los representantes de todas las bancadas del Parlamento para que hagan tangibles y efectivos sus compromisos con la ciudadanía y la comunidad internacional, apartándose de las nefastas consecuencias que se puede originar con la aprobación final del referido proyecto«, concluyó.

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