José Domingo Pérez: Fuerza Popular habría tenido 8 objetivos «ilegales» para buscar impunidad

José Domingo Pérez fue suspendido por seis meses de su cargo como fiscal del Equipo Especial Lava Jato. Sin embargo, días antes de ejecutarse esta medida, el abogado presentó un informe que detalla cómo Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, habría tenido 8 objetivos «ilegales», con el fin de buscar la impunidad para sus integrantes.

Recordemos que recientemente el Poder Judicial anuló el juicio oral a Keiko Fujimori y otros implicados en el caso ‘Cócteles’, relacionado con presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Fuerza Popular. Esto ocurre luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió confirmar la resolución emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional en enero de 2025, que aceptó la solicitud de las defensas de los procesados.

‘CASO CÓCTELES’: DOMINGO PÉREZ ACUSA A FP DE TENER OBJETIVOS PARA BUSCAR IMPUNIDAD

El documento, que fue remitido al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para su evaluación, señala que el presunto primer objetivo «ilegal» del partido Fuerza Popular habría sido el obtener el poder político, ya sea ganando la presidencia o logrando mayoría en el Congreso, para «asegurar» la impunidad de sus integrantes.

«Este poder les permitiría influir en decisiones institucionales para obstaculizar investigaciones fiscales, manipular procesos judiciales y evitar que sus dirigentes rindan cuentas ante la justicia; así como la aprobación de leyes que beneficien la organización criminal», explica Domingo Pérez.

Además, según el abogado, la agrupación se habría propuesto «funcionar para captar dinero de origen ilícito, tanto de empresas extranjeras como Odebrecht, como de grupos económicos nacionales«.

Pérez describe cómo, desde 2011, la organización fujimorista habría captado más de trece millones de dólares a través de mecanismos ilícitos y acuerdos con empresas privadas.

Domingo Pérez sostiene que «estos recursos serían canalizados por la cúpula partidaria con el fin de sostener actividades operativas de la organización criminal y financiar sus campañas electorales. A cambio, se establecerían compromisos políticos para beneficiar a los aportantes mediante legislación favorable, protección judicial o acceso privilegiado al Estado».

«FUERZA POPULAR BUSCÓ INFILTRAR Y CONTROLAR INSTITUCIONES ESTATALES»

El tercer y cuarto objetivo de Fuerza Popular habrían sido infiltrar y controlar instituciones estatales, así como al Congreso de la República para fines delictivos. Y es que, el ahora fiscal suspendido afirma que la agrupación política «buscó colocar o influenciar a personas afines dentro de instituciones estratégicas» como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE «para asegurar «la protección judicial de sus integrantes, manipular procesos disciplinarios y electorales», y garantizar que dichas entidades respondan a sus intereses, «consolidando así un control institucional que le permita operar con impunidad».

Asimismo, el partido también habría buscado «hostigar y deslegitimar al Ministerio Público», específicamente, a los fiscales que condujeron investigaciones relacionadas con Fuerza Popular. «Utilizó campañas de difamación, declaraciones en medios, discursos parlamentarios y chats internos coordinados para sembrar dudas sobre la imparcialidad», acusó Domingo Pérez.

Por último, para el exmiembro del Equipo Especial Lava Jato, el partido liderado por Keiko Fujimori habría intentado «buscar blindar a magistrados aliados implicados en corrupción», «promover leyes que beneficien a sus financistas o aliados económicos», así como «la desestabilización del Ejecutivo para obtener mayor poder».

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