Lo que ‘Budian’ se llevó a la tumba: las respuestas que José Miguel Castro nunca dio
El pasado domingo 29 de junio, José Miguel Castro Gutiérrez fue hallado sin vida en el baño de su casa en Miraflores. Su cuerpo, de 1.78 metros de estatura, yacía boca arriba con un corte de 14 centímetros en el cuello. Cerca de él, la Policía encontró una toalla y dos cuchillos ensangrentados. Tenía excoriaciones en el antebrazo izquierdo y en los dedos de la mano derecha.
Días antes, Castro había sostenido una reunión legal sobre el estado de su colaboración eficaz, cuyo plazo de validación judicial vencía el 12 de julio. También, según fuentes cercanas a la familia, habría discutido con su padre, con quien mantenía una relación tensa.
ESCENA BAJO SOSPECHA
El cuerpo fue hallado por su padre a las 10:15 a. m., pero la Policía llegó al mediodía. Los peritos forenses detectaron lesiones que sugieren una muerte no inmediata: el corte habría afectado venas, pero no arterias principales, lo que indica una posible agonía de varios minutos.
Se hallaron dos cuchillos: uno de pan, con mango negro, y otro de cocina, con mango de acero. La presencia de ambas armas no confirma necesariamente un crimen, pero alimenta las sospechas. La hora estimada del deceso —entre las 9 y 10 a. m.— y las condiciones del vecindario generan más incertidumbre: la casa tenía accesos vulnerables y antecedentes de robos, incluso a plena luz del día.
ENTRE LA POLÍTICA Y EL SILENCIO
Castro llegó al entorno de Susana Villarán impulsado por su padre, Julio Castro Gómez, médico y exdiputado de izquierda. Fue su hombre de confianza durante las campañas del “No a la revocatoria” (2013) y la reelección (2014). Según la Fiscalía, él gestionó más de 11 millones de dólares provenientes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero para financiar ambas campañas.
Cuando su casa fue allanada, se encontraron cartas manuscritas dirigidas a Villarán, mensajes de agradecimiento de la exalcaldesa y un voucher con una transferencia de mil dólares, anotada como “1ra cuota de 6000”.
Pese a que en 2019 rechazaba la figura del colaborador eficaz, inició —y luego abandonó— un proceso de colaboración. Cambió varias veces de abogado y terminó asistido por una defensa de oficio. Su testimonio, clave para el caso, no podrá ser utilizado como colaborador eficaz porque nunca fue validado judicialmente.
UN JUICIO SIN UNA DE SUS PIEZAS CLAVE
El juicio oral por este caso está programado para el 23 de septiembre de 2025. Se trata de un proceso de gran magnitud: 40 acusados, 500 testigos y más de 1,800 pruebas documentales. La muerte de Castro impide que sus declaraciones como aspirante a colaborador eficaz sean admitidas. Solo podrán considerarse sus dichos como investigado.
Tras su fallecimiento, otros colaboradores han solicitado garantías de seguridad. Varios aspirantes aún intentan validar sus testimonios antes del inicio del juicio.