La caída de ‘Cuchillo’: su fuga, captura y el rol clave de su abogada
Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto cabecilla de una organización criminal y acusado de liderar la masacre de 13 mineros en Pataz, fue capturado en Colombia diez días después de huir del país. Fue intervenido mientras caminaba por un centro comercial en Medellín, sin saber que un operativo binacional de las policías de Perú y Colombia ya seguía sus pasos.
Mientras se concretaba la captura, en Perú se activaba un operativo simultáneo en Trujillo y Casma, liderado por la Divincri Trujillo, con apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Fiscalía de Crimen Organizado. El objetivo era allanar inmuebles vinculados a Rodríguez Díaz y detener a Liliana Estefany Pizán Chirado, abogada considerada pieza clave en su entorno.
LA DOBLE VIDA DE LILIANA PIZÁN
Con 31 años, Liliana Pizán Chirado ostentaba un magíster en Gestión Pública y un historial de militancia en partidos como Alianza para el Progreso, el Partido Morado y Perú Primero. Sin embargo, según la Fiscalía, su relación con “Cuchillo” iba más allá de la defensa legal.
Las investigaciones revelan que habría sido ella quien compró los pasajes con los que Rodríguez Díaz salió del país tras la masacre del 4 de mayo. También se le atribuye un rol activo en la organización: transmitía órdenes, coordinaba la logística y habría ayudado a desviar investigaciones.
Durante el allanamiento a sus propiedades se hallaron joyas con esmeraldas —un collar y unos aretes— importadas desde Colombia. Las facturas, a nombre de Rodríguez Díaz, sumaban 10 millones de pesos colombianos (unos 4 mil dólares), lo que refuerza la tesis de un vínculo personal y financiero.
ENCUBRIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE TESTIGOS
La Fiscalía señala que Pizán habría manipulado testigos para desviar una investigación por un triple asesinato en Pataz, en noviembre de 2024. También se le acusa de comprar declaraciones favorables a “Cuchillo” con dinero ilícito, parte del cual habría sido destinado a la compra de vehículos y otros bienes.
La noche del 4 de mayo, 13 mineros fueron asesinados en un socavón de Pataz tras ser secuestrados. Según sus familiares, habían sido contratados para recuperar una galería ocupada por los llamados parqueros. Testimonios apuntan a que el crimen fue cometido por la organización de Rodríguez Díaz.
Esa misma noche se emitió una alerta migratoria, pero ya era tarde. Rodríguez abordó un vuelo hacia Bogotá desde el aeropuerto Jorge Chávez, acompañado por su abogada, quien lo habría escoltado hasta la zona de embarque, según registraron las cámaras de seguridad.
Actualmente, tanto Rodríguez Díaz como Pizán enfrentan procesos por su presunta participación en una de las organizaciones criminales más violentas de La Libertad. La Fiscalía ha solicitado medidas severas, mientras continúan las investigaciones para desarticular toda la red.