Las cinco observaciones del Ministerio de Energía y Minas contra la Ley Mape
El Ministerio de Energía y Minas encendió las alarmas en el Congreso al advertir sobre problemas en el predictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). En una sesión clave, el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, expuso cinco observaciones técnicas que el Ejecutivo considera indispensables para evitar retrocesos en la lucha contra la minería informal y proteger el medio ambiente.
ESTAS SON LAS CINCO OBSERVACIONES
1. Colisión de competencias entre el Minem y los Gobiernos Regionales para la fiscalización ambiental
El viceministro de Minas, Ronald Ibarra, advirtió que el predictamen de la Ley MAPE busca modificar el artículo 5 para impedir que el Minem pueda delegar su función de fiscalización ambiental a los gobiernos regionales. En la práctica, esto significaría arrebatarles una competencia que actualmente les otorga la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Según el Minem, este cambio generaría un conflicto legal innecesario y complicaría la coordinación institucional, debilitando la capacidad de control ambiental sobre la minería artesanal y de pequeña escala en las regiones donde más se necesita.
2. Incertidumbre sobre la continuidad del proceso de formalización tras el cierre del Reinfo
Otro punto central de crítica es la ausencia de claridad sobre qué ocurrirá con los mineros formalizados actualmente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Según el Minem, el predictamen no define de manera precisa cómo será la transición de estos titulares al nuevo registro propuesto. Esto genera un vacío legal peligroso: operadores ilegales podrían aprovechar la indefinición para seguir extrayendo recursos sin control.
3. Riesgo de expropiación indirecta por la figura de servidumbre minera
El predictamen también incluye un artículo que regula la servidumbre minera, de manera que, según el Minem, podría forzar a los titulares de concesiones legítimas a ceder parte de sus derechos a terceros sin las garantías constitucionales requeridas. Esto se considera una expropiación indirecta, ya que obligaría a los concesionarios a aceptar servidumbres sin un proceso justo ni compensación adecuada. El Ministerio advirtió que esta figura vulnera el derecho a la propiedad protegido por el artículo 70 de la Constitución.
4. Contradicción con la prohibición vigente sobre minería aluvial y sus impactos ambientales
El predictamen menciona la posibilidad de regular actividades de minería aluvial usando equipos mecánicos en cuerpos de agua, algo que choca directamente con el Decreto Legislativo 1100, que prohíbe el uso de dragas y equipos similares en ríos. Esta norma fue ratificada como constitucional por el Tribunal Constitucional, que reconoció su justificación ambiental al evitar graves daños como la contaminación por sedimentos, la alteración del cauce de los ríos y la destrucción del hábitat acuático y ribereño.
5. Inviabilidad constitucional de la exoneración de responsabilidad penal para delitos ambientales durante la formalización
Finalmente, el predictamen propone en su cuarta disposición complementaria final exonerar de responsabilidad penal a los mineros en proceso de formalización por delitos ambientales. El Minem recordó que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional esta práctica al señalar que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho de todos los peruanos a un ambiente equilibrado y adecuado.
NO FUE APROBADA
El debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso ya reflejó la controversia de este predictamen. Con cinco votos a favor y 12 en contra, el texto no logró la aprobación requerida y quedó archivado de momento. Sin embargo, algunos legisladores han planteado su reconsideración en la siguiente legislatura, lo que mantiene viva la discusión sobre cómo formalizar el sector sin debilitar la fiscalización ni generar impactos negativos.
Mientras tanto, el ministro Jorge Montero enfatizó en entrevistas que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero insistió en que cualquier norma que busque promover la formalización de la minería artesanal debe respetar el marco legal y evitar atajos que terminen beneficiando a la minería ilegal. Desde el Ejecutivo, consideran indispensable un enfoque integral que incluya controles ambientales, respeto a la propiedad y mecanismos claros para la formalización efectiva.