Legislativo tiene 30 días para responder a demanda contra nueva Ley Forestal tras resolución del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha aceptado la demanda presentada por el Gobierno Regional de San Martín contra la nueva Ley Forestal (Ley N.º 31973), aprobada por el Congreso y que busca revertir la posibilidad de archivar investigaciones y juicios contra taladores ilegales y empresas acusadas de deforestación ilegal, además de formalizar la propiedad sobre tierras forestales.

La Ley 31973, conocida como Ley ‘Antiforestal’, ha desatado preocupación en las regiones amazónicas debido a su potencial impacto en la deforestación y su aprobación sin consulta a comunidades indígenas. Argumentan que esta norma facilita la expansión de la agricultura en áreas destinadas a la conservación ambiental. Con la resolución del Tribunal Constitucional, el Legislativo tiene un plazo de 30 días para responder a la demanda.

CONTROVERSIA AMBIENTAL

La resolución del Tribunal Constitucional corrobora que la demanda cumple con los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución Política, el Nuevo Código Procesal Constitucional y la doctrina jurisprudencial del Tribunal.

Además, la demanda argumenta que la aprobación de la Ley vulnera disposiciones constitucionales y tratados internacionales de rango constitucional, al no realizar consulta previa a los pueblos indígenas afectados y amenazar el derecho de propiedad de las comunidades nativas, además de pretender dar impunidad en materia penal a las personas que han deforestado los bosques.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco y diversas organizaciones ambientales han exigido la derogatoria de la norma. En medio de esta situación, ciudadanos se han autoconvocado para protestar nuevamente contra la Ley Antiforestal el próximo sábado 20 de abril.

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