Legítima defensa: nuevo decreto legislativo presume su racionalidad y el fiscal deberá probar el exceso
El Poder Ejecutivo modificó las reglas de la legítima defensa en el Código Penal mediante el Decreto Legislativo 1743, publicado en la edición extraordinaria de El Peruano del 8 de noviembre. Con este cambio, se presume que quien usó la fuerza, incluso letal, para defenderse de una agresión actuó de manera racional. Corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario.
Según la norma, el objetivo es garantizar que quienes protegen su integridad, sus bienes o los de terceros frente a una agresión actual, ilegítima y real no vean vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso.
El decreto se publicó en el marco de las facultades que el Congreso delegó al Gobierno para legislar en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.
CAMBIOS EN LA LEGÍTIMA DEFENSA
El decreto modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal a quien obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluso letal, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la ley. Entre ellas figuran una agresión actual, ilegítima y real, y la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Para evaluar esa necesidad racional, la norma indica que se deben considerar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del atacante y los medios de que se disponga para la defensa. El criterio de proporcionalidad de medios, que ya estaba excluido, se mantiene fuera de la valoración.
LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DEBERÁN JUSTIFICARSE
El decreto establece que toda resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad deberá estar debidamente sustentada; de lo contrario, podría ser declarada nula. Esta exigencia se aplicará incluso a los procesos en trámite en los que ya se haya rechazado la exención de responsabilidad por legítima defensa.
La norma también modifica el artículo 334 del Código Procesal Penal, sobre la calificación de las denuncias. Según el nuevo texto, cuando se investigue una posible actuación en legítima defensa, el fiscal deberá emitir un pronunciamiento definitivo.
El decreto dispone que su implementación se financiará con los presupuestos de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público.
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