Martín Vizcarra: PNP solicita mayor resguardo en embajadas de Bolivia, Brasil y México
La Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó reforzar la seguridad policial en las embajadas y residencias diplomáticas de Bolivia, Brasil y México, ante el riesgo de una posible fuga del exmandatario Martín Vizcarra.
El documento, emitido por la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y dirigido a Enrique Hugo Felipe Monroy, dispone que se asigne personal de las comisarías del sector y del SOES (Servicios de Operaciones Especiales) para cubrir las sedes diplomáticas mencionadas.
La carta, firmada por el coronel Luis Ángel Santos Villar, señala que la medida responde a la situación jurídica que atraviesa el expresidente.
RESTRICCIONES CONTRA VIZCARRA TRAS FALLO DE PRISIÓN PREVENTIVA
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el pedido de prisión preventiva por seis meses contra el exmandatario. El juez Víctor Alcocer determinó que “no se alcanza el nivel de contundencia requerido para sostener que existen indicios suficientes que respalden la imposición de una prisión preventiva”.
En su lugar, Vizcarra deberá cumplir un régimen de comparecencia con restricciones. Entre las medidas dispuestas se encuentra la prohibición de salir del país por seis meses más, reemplazando la orden previa que vencía el 4 de julio. También tiene prohibido ingresar a embajadas o comunicarse con personal diplomático. Además, deberá someterse a controles biométricos y reportar mensualmente sus actividades ante la autoridad judicial.
INVESTIGACIÓN CONTRA VIZCARRA
La acusación contra Martín Vizcarra está relacionada con presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Según la Fiscalía, habría recibido un soborno de un millón de soles por parte de la empresa Obrainsa, a cambio de favorecerla en la licitación del proyecto Lomas de Ilo. También se le atribuye haber recibido 1,3 millones de soles de ICCGSA por la ampliación del Hospital de Moquegua.
De acuerdo con la investigación, estos pagos habrían permitido que ambas compañías obtuvieran ventajas indebidas en la adjudicación y ejecución de obras públicas.
Actualmente, el juicio se encuentra en una etapa avanzada, desde el inicio del juicio oral en octubre de 2024. Se prevé que la sentencia se emita en los últimos meses del año, en paralelo con la aplicación de las nuevas restricciones impuestas.