ONPE bajo la lupa: Ministerio Público investiga 76 denuncias por presuntas irregularidades en las Elecciones Generales 2026
Tras la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, funcionarios y exfuncionarios de la ONPE son investigados por presuntos delitos de favorecimiento contractual y fraude electoral. A las 75 denuncias existentes se incorpora una más según pudo conocer la Unidad de Investigación de Latina Noticias. En este caso, Renovación Popular denunció una presunta falsificación de firmas sobretodo en actas electorales con serie 900, en varias regiones del país. Mientras que la investigación fiscal también apunta a que José Samamé Blas y Juan Antonio Phang Sánchez habrían incorporado especificaciones técnicas y factores de evaluación que otorgaban ventajas a la empresa contratista Galaga SAC a pesar de las inconsistencias encontradas.
Un representante de Renovación Popular presentó un escrito en el que denunció una presunta falsificación de firmas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Áncash y Apurímac. Como sustento, adjuntó una opinión grafotécnica junto con una primera lista de 59 actas electorales el 23 de abril. Luego, el 27 de ese mismo mes, presentó dos listas adicionales: una con 236 actas observadas y otra con 291.
Entre ellas la que más dudas le generaba es esta: la 900090 del distrito electoral El Cenepa, en Condorcanqui, Amazonas. Uno de los cuestionamientos apunta a los miembros de mesa consignados en esta acta electoral. La denuncia sostiene que existirían inconsistencias en los apellidos registrados. Pero, la Unidad de Investigación de Latina Noticias contrastó con las fichas RENIEC y los datos figuran con el mismo patrón de escritura, como es el caso de la presidenta de mesa Eloisa Norma Yuu Kajekui, el secretario Liver Ugkuch Nujigkus y el tercer miembro Luz Milinda Ugkuch Uwak.
Sin embargo, la sospecha de falsificación de firmas también alcanza a la de algunos lectores. El equipo de la Unidad de Investigación de Latina Noticias comparó las firmas consignadas en las actas electorales observadas con las firmas oficiales registradas en RENIEC. En el informe de Punto Final se presentan estas comparaciones, como la firma de la señora María Cubas Huilcamango en el acta 900002, o la de Luis Uwak Caicat en el acta 900030.
CONDICIONES QUE HABRÍAN FAVORECIDO A LA EMPRESA GALAGA
Para el Ministerio Público, José Samamé Blas y Juan Antonio Phang Sánchez tuvieron un rol clave en la elaboración de los requerimientos técnicos y términos de referencia de las contrataciones. La sospecha es que estas condiciones habrían sido diseñadas para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga.
El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, habría designado a José Samamé Blas como gerente de Gestión Electoral pese a que no contaría con experiencia funcional en el área operativa, según la tesis fiscal. Posteriormente, Samamé designó a Juan Antonio Phang Sánchez como subgerente de Producción Electoral.
De acuerdo al documento fiscal, Galaga SAC presentó a la ONPE una relación de 70 conductores para ejecutar el servicio de transporte electoral. Sin embargo, la empresa solo registraba 13 trabajadores en planilla y 20 prestadores de servicio, es decir, un total de 33 personas. Esto se detecta en la revisión de la planilla electrónica correspondiente a febrero de 2026. Para la Fiscalía, esta diferencia constituye una ‘discrepancia objetiva’.
Pese a las inconsistencias detectadas entre la capacidad ofrecida, la acreditada y la realmente ejecutada por el proveedor, José Samamé habría mantenido vigente el contrato sin adoptar medidas correctivas, según el Ministerio Público. En cuanto a Juan Antonio Phang Sánchez y otros funcionarios investigados, la Fiscalía considera que habrían participado en la validación y control del servicio tolerando una ejecución deficiente para asegurar el resultado presuntamente fraudulento.
EL TELÉFONO DE JOSÉ SAMAMÉ Y JUAN ANTONIO PHANG
Las autoridades incautaron el celular de José Samamé Blas durante su detención del 13 de abril de 2026, sin embargo los investigadores encontraron una conversación realizada desde el mismo número telefónico del aparato ya incautado con su exsuegra. Lo que generó interrogantes sobre el posible acceso irregular al dispositivo o el uso paralelo de líneas y respaldos digitales.
Las sospechas aumentaron tras el análisis de las conversaciones de Whatsapp de los móviles incautados, en donde, según el Ministerio Público, Juan Antonio Phang Sánchez mantenía una comunicación constante con Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, también investigada en el caso. Los mensajes revelarían coordinaciones sobre la gestión del servicio de transporte electoral, pese a que ella debía cumplir funciones independientes de validación y control.
Además, en la revisión del celular de Juan Antonio Phang Sánchez se halló una presunta modificación digital de documentos oficiales. La Fiscalía halló que el 14 de abril se realizaron modificaciones digitales al ‘Acta de Inicio de Servicio’ del 10 de abril.
El fiscal Reynaldo Abia señala que en la investigación aplicará una ‘ingeniería inversa’ la cual consiste en revisar desde el origen cada decisión tomada, contratos, actas y procedimientos para determinar si existió o no una organización destinada a alterar el proceso electoral.