Policía podrá revisar contenido de celulares en casos de flagrancia por delitos como sicariato y extorsión
El Gobierno aprobó un decreto legislativo que agiliza la autorización para la revisión de equipos informáticos incautados en casos de flagrancia por delitos de alta gravedad como sicariato, extorsión y secuestro, así como durante operativos realizados en establecimientos penitenciarios. La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue aprobada en sesión del Consejo de Ministros y modifica disposiciones del Código Procesal Penal.
La norma responde a una problemática recurrente en las investigaciones penales: la pérdida de información digital clave debido a la demora en obtener una orden judicial. En delitos cometidos por organizaciones criminales, el uso de teléfonos celulares, laptops y otros dispositivos electrónicos es fundamental para coordinar acciones ilícitas, realizar cobros extorsivos y planificar asesinatos por encargo.
Uno de los principales cambios introducidos por el decreto legislativo establece que, en situaciones de detención en flagrancia, el efectivo policial podrá acceder al contenido de los equipos informáticos incautados, siempre que cuente con autorización previa del Ministerio Público. Hasta ahora, esta diligencia solo podía realizarse con una orden judicial, lo que en muchos casos generaba retrasos críticos para la preservación de evidencias.
PROTECCIÓN DE PRUEBAS
Según el Ejecutivo, esta limitación permitía que los investigados o personas vinculadas a ellos eliminen, encripten o destruyan de manera remota información digital relevante, afectando seriamente el esclarecimiento de los hechos. Con la nueva regulación, se busca asegurar la conservación de pruebas digitales sensibles en investigaciones por delitos que representan una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana.
La norma precisa que la autorización fiscal deberá solicitarse únicamente cuando la revisión del dispositivo sea indispensable para el esclarecimiento del delito. Una vez concluida la diligencia, el fiscal estará obligado a requerir al juez competente la correspondiente resolución confirmatoria, garantizando así un control judicial posterior sobre la medida adoptada.
El decreto legislativo también extiende esta facultad a los establecimientos penitenciarios. En los últimos años, las autoridades han detectado la operación activa de redes criminales desde el interior de las cárceles, a través del uso ilegal de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. En operativos inopinados, estos equipos podrán ser revisados bajo el mismo esquema de autorización fiscal.
Las autoridades advirtieron que una parte significativa de las extorsiones telefónicas y órdenes de sicariato se coordinan desde centros penitenciarios, aprovechando vacíos y demoras procesales. Con esta norma, el Ejecutivo busca cerrar ese margen de maniobra y fortalecer el control del Estado frente al crimen organizado.