La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción denunció a ocho funcionarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras denuncia de Punto Final.
Tras el reportaje del dominical Punto Final, donde se evidenciaron presuntas contrataciones irregulares en una dirección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó el inició de diligencias preliminares en la institución involucrada. Esto en el marco de la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
El pedido ante la Fiscalía es para iniciar investigación contra Marielka Nepo Linares, Juan Alfonso Arévalo Sattler, Juan Carlos Cortés Carcelén, Frank Fernández Echevarría, Johann Castillo de La Cruz, Linda Castillo de La Cruz, Claudio Valdera Bohórquez, y Rayan Calderón Bringas.
Asimismo, contra Frank Fernández Echevarría, Johann Castillo de La Cruz, Linda Castillo de La Cruz, Claudio Valdera Bohórquez, y Rayan Calderón Bringas y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.
«La denuncia se basa en información presentada por un programa dominical el último fin de semana, del cual se advierte que trabajadores que laboran en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) habrían sido favorecidos con contratos CAS y ordenes de servicios», se lee en el documento de la Procuraduría.
La JNJ está organizada por tres áreas y en una de ellas es donde se ha descubierto que un grupo de amigos se hicieron de plazas CAS de manera sospechosa. En la nota de Punto Final se evidenció que la Dirección de Procesos Disciplinarios está encabezada por Marielka Nepo Linares y, durante su gestión, Frank Fernández se convirtió en su mano derecha. El joven abogado ingresó como practicante y consiguió escalar posiciones hasta hacerse de una plaza CAS. Por su labor percibe S/ 8 mil desde setiembre del 2022.
Esta persona consignó en su currículum haber laborado como abogado en La tremenda Corte, una cevichería en Independencia, y en el área legal del Gimnasio Millenium. Con Frank Fernández ingresaron seis personas más, quienes consignaron los mismas referencias laborales. Las órdenes de servicios ascienden hasta los 36 mil soles por trabajos específicos. Todo lo denunciado podrás encontrarlo en el reporte de Punto Final. A ello, la JNJ emitió su comunicado para dar a conocer las medidas que tomarán contra los involucrados.
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