Sin rendición de cuentas: el silencio de la Procuraduría que investiga al poder
Ella es María Carhuajulca Quispe, la Procuradora General del Estado. Como funcionaria, se encarga de investigar y presentar denuncias contra altos funcionarios, como presidentes, ministros, alcaldes, entre otros. Sin embargo, hay un patrón opaco sobre las funciones de su puesto cuando se le pregunta. El equipo de investigación de Punto Final intentó obtener respuestas sobre cuántas denuncias penales ha presentado contra estos servidores públicos en casi dos años de gestión, pero solo se obtuvo su silencio y evasión.
La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene el deber de formular estas denuncias ante el Ministerio Público (Fiscalía), pero la principal autoridad se negó a informar los resultados de esta función. A través de consultas directas por la Ley de Transparencia hechas por la Unidad de Investigación de Latina Noticias, la PGE rechazó las peticiones con el argumento de que son “información confidencial”.
Peticiones negadas
Los pedidos de información fueron presentados en dos oportunidades: el 23 de septiembre y 22 de diciembre de 2025. En ambas, la PGE respondió que el pedido “no resulta atendible” o que la información era confidencial debido al carácter reservado de las investigaciones, pese a que solo se solicitó únicamente el número de denuncias tramitadas, no el contenido.
Ante la negativa, Punto Final preguntó directamente a la Fiscalía sobre cuántas denuncias había recibido de la PGE contra altos funcionarios en el último año y medio. La respuesta fue directa: no es “posible proporcionar la información solicitada en cuanto a denuncias interpuestas por la PGE contra altos funcionarios públicos, debido a la inexistencia de dicha información”.
Actualmente, María Carhuajulca enfrenta un procesos penal por presuntos delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales relacionados a su ejercicio como procuradora pública en la Municipalidad de Comas en el 2020. Frente a este escenario, la Fiscalía pidió 8 meses de pena privativa de la libertad y 30 días de multa contra ella.
La denuncia contra Carhuajulca
El caso fue presentado por Dylan López, abogado y presidente de la Asociación de Líderes en Fiscalización y Anticorrupción de Lima Norte, quien demandó a Carhuajulca por negarse a entregar información pública sobre su deber de presentar denuncias durante su gestión municipal ante la Fiscalía.
La defensa de Carhuajulca ha rechazado las acusaciones y sostiene que actuó conforme a ley, amparándose en su deber de reserva y confidencialidad como procuradora municipal. Sin embargo, especialistas en derecho advierten que negar información estadística recurrente podría configurarse como una infracción penal.