Unicef pide derogar ley que establece que menores de 16 y 17 años sean procesados como adultos
Ante la ley recientemente promulgada que incorpora a menores en el sistema penal, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) exhortó a las autoridades a derogarla, al considerar que vulnera tratados internacionales que protegen a niños y adolescentes.
“Esta norma resulta contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que reconoce derechos humanos a niñas, niños y adolescentes, y que el Perú ha suscrito”, se lee en un comunicado firmado también por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Ante la promulgación de la Ley Nº 32330 que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años, @UNICEFperu, @UNFPAPeru y @UNODC_PERU hacemos un llamado a respetar la Convención sobre los derechos del niño, instrumento internacional que el Estado peruano ha suscrito.@uniceflac pic.twitter.com/n3kzLMxrFr
— UNICEF Perú (@UNICEFperu) May 12, 2025
La ley establece que los adolescentes de 16 y 17 años serán considerados imputables dentro del sistema penal ordinario en caso de delitos graves como extorsión, asesinato o violación sexual. Sin embargo, de acuerdo con el pronunciamiento conjunto, esta medida no contribuiría a reducir la violencia en el país.
“La medida adoptada no será significativa en la reducción de la inseguridad y criminalidad que afecta al país. Por el contrario, la ley aprobada acrecienta el riesgo de que los adolescentes que cumplan penas junto con adultos sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal”, advierten.
En ese sentido, las agencias recalcaron su disposición a brindar apoyo técnico para encontrar soluciones más eficaces frente a la creciente ola de inseguridad.
“Instamos a los poderes del Estado a considerar la derogación de la ley recientemente promulgada y a dotar de recursos técnicos y económicos al sistema de justicia penal juvenil (…). Las agencias firmantes ponen a disposición del Estado peruano todo su apoyo técnico para la búsqueda de soluciones conjuntas”, añadieron.
Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo también se pronunció en contra de la norma y advirtió que esta resulta perjudicial para los derechos de los menores. Asimismo, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad.