Vladimir Cerrón ya no tiene sentencias en su contra: TC anuló condena por caso ‘La Oroya’
El Tribunal Constitucional (TC) anuló la sentencia emitida en el 2019 contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, la cual lo condenaba a 4 años de prisión suspendida por el caso ‘La Oroya’. De esta manera, el exgobernador de Junín ya no tiene sentencias en su contra, mas solo una resolución de prisión preventiva por 24 meses por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
Cabe recordar que el último miércoles 26 de marzo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió a Cerrón Rojas del delito de colusión agravada en el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’.
VLADIMIR CERRÓN: ¿DE QUÉ FUE ACUSADO EN EL CASO ‘LA OROYA’?
En el 2019, el líder político fue sentenciado por el presunto aprovechamiento de su cargo de gobernador regional de Junín al interesarse de manera directa en una obra de mejoramiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya, para presuntamente beneficiar al consorcio Altiplano.
Por ello, el 5 de agosto del mismo año, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo condenó al fundador de Perú Libre a cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
El 18 de octubre, tras un pedido de apelación, se confirmó la sentencia, pero varió la condena a cuatro años de prisión suspendida en su ejecución por el período de prueba de tres años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta.
¿CUÁL FUE EL FUNDAMENTO DEL TC PARA ANULAR LA SENTENCIA?
Según el Tribunal Constitucional (TC), si bien se detalla en el caso La Oroya “que existió un interés del favorecido (Cerrón) en que se pague al contratista, no se ha desarrollado de manera objetiva y razonable la existencia de un interés indebido ajeno al ejercicio de sus funciones como entonces gobernador regional de Junín”.
Además, de acuerdo al órgano, no basta con recurrir a las “máximas de la experiencia” para concluir que cuando haya irregularidades administrativas resulta probable el interés del servidor. Además, el TC asegura que, “de meras irregularidades administrativas, se exige certeza sobre la existencia de una lesión del bien jurídico protegido que sea penalmente relevante. Caso contrario, se podría paralizar la Administración pública por una criminalización del derecho administrativo, lo cual implicaría una expansión peligrosa del poder punitivo del Estado”.
Cabe precisar que todavía queda pendiente una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Cerrón por el caso de aportes a Perú Libre a través de una supuesta red criminal conocida como ‘Los Dinámicos del Centro’, por lo que se mantiene todavía en la clandestinidad.