INPE cambia al jefe del penal Ancón I y reorganiza controles de seguridad
El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) realizó cambios importantes en uno de los penales más importantes de Lima. En Ancón I, el organismo designó al abogado penalista Tomás Máximo Yllaconza Palacio en reemplazo de Yon Liceras Huamani.
Con 29 años de experiencia en el campo del derecho penitenciario y con una maestría en derecho penal y procesal penal, Máximo estará al mando del penal que alberga a criminales como Jhon Jairo Arancibia, acusado de coordinar extorsiones desde Puente Piedra; Adán Smith “Jorobado” Lucano, acusado de ser el alto mando de extorsiones contra obras de construcción; y Jimmy “Chato Bazán” Valderrama”, investigado por liderar bandas de extorsión y planificar homicidios desde el penal.
Yllacaonza ya estuvo al mando de otros penales. En 1997, se desempeñó como director del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa; también fue director de la Dirección de Tratamiento Penitenciario y jefe de Asesoría Jurídica en diversas oficinas regionales del INPE.
En esa misma línea, las autoridades decretaron el cese del subdirector del penal Ancón I y nombraron a un nuevo responsable directivo. La nueva gestión tendrá entre sus prioridades intensificar la vigilancia, supervisar la disciplina interna y prevenir cualquier vulnerabilidad que pueda poner en riesgo la seguridad del establecimiento.
Cambios en la organización de Ancón I
En complemento de estas decisiones, el INPE inició un proceso de rotación, reorganización y evaluación continua para todo el personal de seguridad, con el fin de evitar vínculos entre agentes y reos, lo que se prevé el cierre de coordinaciones delictivas.
la reestructuración alcanzó la jefatura de la Oficina Regional Lima con el nombramiento de Jhon Elías Ramírez Vega. El nuevo funcionario es oficial en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú, especialista en seguridad y cuenta con más de 28 años de trayectoria profesional en el ámbito nacional e internacional.
Las disposiciones ejecutadas tienen como objetivo primordial cortar los canales de comunicación usados para dirigir extorsiones u otros delitos desde el interior de las cárceles. El INPE ratificó que mantendrá las intervenciones para asegurar que los penales del país permanezcan bajo fiscalización.