EE. UU. acusa a Raúl Castro de asesinato y conspiración por derribo de avionetas en 1996
El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996. La acusación, presentada ante un tribunal federal en Miami, incluye delitos de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
El fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó que se emitió una orden de arresto contra Castro, quien tenía entonces el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas. Según la investigación, el exmandatario habría ordenado el ataque contra las aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate”, en un operativo militar que terminó con la muerte de cuatro tripulantes.
EL CASO “HERMANOS AL RESCATE” Y LOS MILITARES IMPLICADOS
Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas que realizaban misiones humanitarias para ubicar balseros en el mar. Las víctimas —de origen cubano— eran miembros de esta organización civil con sede en Miami.
La acusación no solo alcanza a Castro. El expediente incluye a varios oficiales militares cubanos señalados como presuntos responsables operativos del ataque. Aunque el gobierno de Cuba sostuvo que las aeronaves violaron su espacio aéreo, una investigación internacional concluyó que el derribo ocurrió en aguas internacionales.
PRESIÓN POLÍTICA Y POSIBLE PROCESO INTERNACIONAL
El caso se da en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana. Autoridades estadounidenses han señalado que los cargos podrían derivar en cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque no está claro si Castro —de 94 años— comparecerá ante la justicia.
El anuncio se produce además en medio de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para aumentar la presión sobre gobiernos de la región, tras acciones similares contra otros líderes. Desde Cuba, el gobierno ha rechazado la acusación y la ha calificado como una maniobra política sin fundamentos.
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