La PNP realizó 16 allanamientos en Puerto Nuevo, en el Callao, y detuvo a ocho presuntos miembros de "Los Bembos del Puerto", banda criminal dedicada a la extorsión y sicariato. Entre los capturados figura Leslie Llerena Navarro, alias “Flaca Leslie”, señalada como líder de la banda. Según la Fiscalía, estarían implicados en asesinatos ocurridos en el primer puerto.
En Santa Anita, una combi fue incendiada durante la madrugada en Santa Anita mientras el chofer dormía en el interior del vehículo. Vecinos lograron apagar el fuego y auxiliar al conductor, quien sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y fue trasladado al hospital Bravo Chico. La Policía investiga un presunto ataque de extorsionadores contra transportistas.
Tres delincuentes armados de la banda "Los Malditos de Villa" irrumpieron en la vivienda y negocio de una empresaria en Lurín, donde la golpearon brutalmente para obligarla a entregar las claves de sus cuentas bancarias. Cámaras de seguridad registraron el ataque, en el que también redujeron a su esposo y una trabajadora. La rápida intervención policial permitió capturar a los asaltantes.
En Cercado de Lima, un conductor de combi fue asesinado a balazos por sicarios cuando circulaba con pasajeros por el cruce de las avenidas Argentina y Ecuador. Aunque intentó avanzar herido tras el ataque, terminó chocando contra una minivan y murió camino a un centro médico cercano, mientras que una pasajera resultó herida y fue llevada al hospital Arzobispo Loayza.
En Ate, un joven de 26 años murió tras una discusión ocurrida en la vivienda de la familia de su enamorada. Según vecinos, el presunto agresor sería su concuñado, quien le causó una herida mortal y luego escapó. La víctima falleció desangrada en una vivienda del asentamiento humano Horacio Zevallos. La Policía investiga el caso y busca al responsable.
La organización criminal "Los Elegantes de Lima" fue intervenida por presuntamente apropiarse de inmuebles abandonados mediante falsificación de documentos. La red criminal contaba con trabajadores infiltrados en Sedapal, Sunarp y el Poder Judicial, quienes ayudaban a identificar propiedades y registrarlas ilegalmente como suyas. Las autoridades investigan la participación de funcionarios públicos en esta presunta mafia dedicada al tráfico de inmuebles.
