La Presidenta es acusada por hechos ocurridos durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La indagación se inicia contra Marco Antonio Zevallos y los que resulten responsables del presunto delito de falsificación de documento privado y uso de documento privado falso en agravio del Estado.
El Ministerio Público sostiene que el entonces presidente de la República habría usado aeronaves para trasladar a sus familiares sin justificación.
El Poder Judicial y la Fiscalía manifestaron su rechazo al considerarla inconstitucional.
Según el comunicado del Ministerio Público, el delito se habría cometido en agravio de las víctimas de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público aceptó de forma parcial su apelación.
La presidenta lamentó que los esfuerzos del Estado por combatir la delincuencia no se vean reflejados en el accionar del Ministerio Público.
Así lo detalló Felipe Paredes, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la más reciente edición de Punto Final.
El abogado de la presidente Dina Boluarte, Joseph Campos, se pronunció previo al inicio de la audiencia en el TC por la demanda competencial del Ejecutivo contra el Ministerio Público y Poder Judicial.
Además, Rubén Jiménez, Elizabeth Espinoza, Pedro Ancajima y César Cervantes, exfuncionarios de la Municipalidad de Independencia, también fueron condenados.
