Poder Judicial admitió la acción de amparo que deja sin efecto la resolución que sacó del cargo a Soria en febrero de 2022.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Daniel Soria Luján contra la presidencia y el Ministerio de Justicia, con lo cual se ordena su reposición como procurador general del Estado, cargo que dejó el 1 de febrero de 2022.
Soria fue retirado del cargo mediante una resolución suprema firmada por el presidente Pedro Castillo y el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres. Solo dos meses antes, el entonces procurador denunció al mandatario ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Después de esta decisión, Soria y su abogado, Joseph Campos, presentaron la acción constitucional de amparo ante el Poder Judicial para que se deje sin efecto la resolución, al considerarla ilegal e inconstitucional, así como afectar sus derechos fundamentales.
Cabe indicar que Soria ejerció el cargo desde febrero de 2020, cuando fue designado por el entonces presidente Martín Vizcarra y la titular de Minjus, Ana Revilla. Esta no estuvo exenta de la polémica, pues la Contraloría reveló que no contaba con la experiencia ni requisitos para asumir este despacho.
En su reemplazo, Pedro Castillo y el exministro Ángel Ydelfonso colocaron a María Caruajulca Quispe. Sin embargo, la Contraloría también cuestionó este nombramiento por irregularidades en el proceso de designación, por lo que fue retirada de la Procuraduría el 6 de octubre.
El recientemente designado procurador general del Estado, Javier León Mancisidor, abandonó el cargo a solo tres días de asumir, alegando razones personales. Después de su elección, fue señalado por presuntos nexos con el narcotraficante ‘Lunarejo‘.
En conversación con la prensa, León remarcó que su alejamiento se da “por decisión familiar”, descartando cualquier tipo de falta de capacidad e idoneidad para ejercer el puesto. Asimismo, dio a conocer la trayectoria por la que fue elegido en el cargo por el Gobierno de Pedro Castillo.
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