Informe de Transparencia da cuenta de las incidencias en las Elecciones Generales y brinda recomendaciones
La asociación civil Transparencia presentó su Segundo Informe de Observación de la Misión de Transparencia, en el que evalúa las incidencias registradas desde la jornada de las Elecciones Generales del 12 de abril hasta la fecha. El documento concluye que, pese a problemas focalizados, no existen evidencias de fraude ni de una alteración sistemática de la voluntad popular.
Según el informe, la organización desplegó un amplio operativo de observación el día de los comicios, con cerca de cinco mil voluntarios distribuidos en las 25 regiones del país. Este monitoreo incluyó una muestra representativa de mesas y locales de votación, así como un seguimiento integral antes, durante y después de la jornada, abarcando la instalación de mesas, el sufragio, el escrutinio, el cómputo de actas y los procesos de justicia electoral.
En términos generales, las elecciones se desarrollaron con normalidad a nivel nacional. Como ejemplo, el 97.7% de las mesas en regiones fueron instaladas antes de las 9:00 a.m. Sin embargo, el informe identifica graves incidencias logísticas y operativas en zonas específicas de Lima Metropolitana, principalmente relacionadas con la entrega tardía de material electoral, lo que generó retrasos significativos, desorden y falta de información oficial.
Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones adoptó medidas excepcionales para garantizar el derecho al voto, como la ampliación del horario de votación el domingo 12 y la extensión de la jornada al lunes 13 en locales que no pudieron instalarse a tiempo. Asimismo, se cuestionó la implementación del sistema electrónico STAE en Lima, el cual presentó fallas técnicas, falta de insumos y escasa capacitación, por lo que se saludó su retiro para la segunda vuelta.
RECOMENDACIONES
Sin embargo, el foco del documento está en las recomendaciones dirigidas a los principales actores del sistema electoral. A la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se le insta a crear un repositorio público que concentre todas las denuncias, dudas y casos de desinformación sobre el sistema de conteo de actas, acompañado de respuestas claras y verificables. Además, se solicita la elaboración de un informe detallado sobre las mesas y locales afectados por retrasos en la entrega de material electoral, con el fin de transparentar lo ocurrido y reducir la desconfianza ciudadana.
En cuanto al Jurado Nacional de Elecciones, el informe recomienda evaluar el incremento del personal de apoyo en los Jurados Electorales Especiales, especialmente en regiones, para afrontar la carga procesal derivada de actas observadas y pedidos de nulidad tras la jornada electoral.
Un llamado particularmente enfático se dirige a los partidos políticos. Transparencia exige un compromiso firme con las reglas democráticas y rechaza de manera categórica el hostigamiento y las amenazas contra autoridades electorales. Asimismo, advierte que ningún líder político debe mostrarse ambiguo frente a discursos que promuevan la ruptura del orden constitucional, como invocaciones a golpes de Estado.