Cuando aún se desempeñaba como ministro de Defensa, el actual premier sostuvo reuniones que no figuran en los registros oficiales.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, es investigada por las muertes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno, ocurridas en diciembre de 2022 y enero de 2023. La Fiscalía también incluyó en las diligencias a Alberto Otárola, el expremier Pedro Angulo, entre otros.
El 12 de diciembre de 2022 se decretaron los primeros estados de emergencia, estableciéndose la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía para controlar las reyertas. La determinación se dio un día después de una reunión secreta, que no aparece en los registros oficiales.
Punto Final pudo corroborar que Alberto Otárola, en ese entonces ministro de Defensa, agendó una reunión con el jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., Manuel Gómez De la Torre, y el comandante general de la PNP, general Raúl Alfaro.
La caja chica del Mindef consta la realización de esta junta con el pago del almuerzo de las autoridades, pues diversos platos de un chifa se pidieron para llevar a las 2:13 p. m. Con todo esto, se consultó a Defensa y al CCFFAA sobre la reunión, pero insistieron en negarla.
De acuerdo a un correo de sustentación enviado la tarde de aquel 11 de diciembre, las reuniones «con autoridades civiles y militares» aquel día, encabezadas por el entonces ministro Alberto Otárola, trataron sobre la emergencia en Andahuaylas.
En su declaración a la Fiscalía el 23 de enero, a Otárola se le consultó si había recibido directivas del entonces jefe de gabinete, Pedro Angulo, para garantizar la integridad de los ciudadanos. Su respuesta fue afirmativa, de manera verbal, en Consejo de Ministros.
No obstante, el 19 de diciembre, recibió un oficio del propio Angulo, quien le expresó su preocupación por denuncias ante posibles actos de torturas y otros, presuntamente producidos por las fuerzas del orden, «en el contexto de las movilizaciones iniciadas el 7 del mismo mes».
«Que una reunión no figure dentro de las anotaciones que, por ley de Transparencia, tiene que realizarse, causa suspicacia, porque son justamente en esos días previos a la decisión de declarar el estado de emergencia y pedir el apoyo del Ejército», manifestó Gloria Cano, de Aprodeh.
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