Comisión de Justicia de Diputados aprueba dictamen que plantea derogar la denominada ‘Ley soto’
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un dictamen que plantea derogar la denominada ‘Ley Soto’, norma que modificó las reglas de suspensión del plazo de prescripción de los delitos y que permitió archivar un proceso judicial contra el expresidente del Congreso Alejandro Soto. La iniciativa obtuvo 12 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
La propuesta busca establecer nuevos límites temporales para la suspensión de la prescripción penal. Asimismo, plantea modificar el artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal para que la formalización de la investigación suspenda el curso de la prescripción de la acción penal, pero únicamente dentro del límite establecido en el Código Penal.
¿POR QUÉ SE CUESTIONÓ LA LEY SOTO?
La Ley N.° 31751, conocida como Ley Soto, modificó las disposiciones sobre la suspensión del plazo de prescripción de los delitos y estableció un límite de un año para prolongar dicha suspensión. Aunque fue presentada con el propósito de agilizar los procesos judiciales, recibió críticas por los posibles beneficios que podía generar para personas investigadas por distintos delitos.
La controversia se intensificó por el caso de Alejandro Soto, quien entonces pertenecía a la bancada de Alianza para el Progreso (APP). El ex parlamentario solicitó en marzo de 2023 incluir en la agenda del Pleno el debate de la iniciativa que posteriormente se convirtió en ley.
La norma fue aprobada por el Congreso y publicada el 25 de mayo de 2023. En ese momento, Soto afrontaba una acusación fiscal por estafa y falsedad genérica, delitos por los que se había solicitado una pena de ocho años y ocho meses de prisión.
El 21 de julio de 2023, el juez Carlos Román Gil declaró prescritos los delitos atribuidos a Soto y dispuso el archivamiento del proceso, aplicando la norma. El caso generó cuestionamientos por el posible conflicto de intereses, mientras que el entonces presidente del Congreso negó haberse beneficiado de la ley. No obstante, su defensa invocó la Ley N.° 31751 para solicitar el archivo judicial.
CERRÓN INTENTÓ ACOGERSE A LA LEY SOTO
En noviembre de 2024, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de la defensa de Vladimir Cerrón para que se declarara prescrita la acción penal por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en el marco del caso Antalsis. El líder de Perú Libre buscaba que se archivara esa imputación mediante la aplicación de la Ley N.° 31751, conocida como ‘Ley Soto’.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió inaplicar la norma mediante el control difuso, al considerar que el límite de un año no resultaba compatible con procesos complejos o relacionados con presunta criminalidad organizada.