Congresista propone que pagos por extorsión sean deducibles del Impuesto a la Renta
En medio de la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y las constantes denuncias por extorsiones, el congresista Luis Cordero Jon Tay, de Somos Perú —partido del presidente José Jerí—, presentó un proyecto de ley que plantea una medida inédita.
La iniciativa busca que los pagos por extorsión o cobro de cupos puedan ser deducidos del Impuesto a la Renta (IR) que declaran las víctimas, considerándolos como pérdidas económicas extraordinarias.
¿QUÉ PROPONE LA MODIFICACIÓN?
El texto legislativo plantea modificar el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, con el fin de incluir entre los gastos deducibles aquellas pérdidas originadas por delitos de extorsión.
De acuerdo con la propuesta, se permitirá reconocer como deducción: “Las pérdidas extraordinarias ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor o delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la medida en que dichas pérdidas no sean cubiertas por seguros o indemnizaciones y que el hecho delictuoso haya sido comprobado judicialmente o se acredite que no es posible iniciar acción judicial”.
Para acceder a este beneficio tributario, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada con firma y huella digital legalizadas notarialmente, además de documentos que prueben la extorsión.
SANCIONES POR FALSEDAD
El proyecto también contempla sanciones. Si la Sunat detecta que el contribuyente presentó información falsa para deducir pagos por extorsión, su Procuraduría Pública podrá denunciar penalmente el caso ante el Ministerio Público.
Asimismo, la Sunat quedará autorizada para dictar las normas reglamentarias necesarias para aplicar la medida en la práctica.
Según Cordero Jon Tay, la iniciativa busca formalizar y transparentar las pérdidas reales que enfrentan las empresas y emprendedores víctimas de extorsión, las cuales afectan directamente su liquidez y sostenibilidad.
El congresista sostiene que reconocer estos pagos como deducciones tributarias permitirá que el sistema fiscal refleje con mayor exactitud la capacidad contributiva real de los contribuyentes, evitando que tributen sobre ganancias inexistentes.