Congreso: Comisión de Seguridad Ciudadana gastó más de S/ 2 millones sin resultados
Las autoridades parecen moverse a un ritmo diferente al que avanza el país. Mientras los atentados y extorsiones siguen poniendo a los peruanos contra las cuerdas, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República se caracteriza por sus constantes cancelaciones, reprogramaciones e intervenciones de sus integrantes de forma virtual.
Esto pudo constatarse el jueves 26 de marzo cuando se canceló la sesión organizada en la sala Martha Hildebrandt por la renuncia, un día antes, del invitado Luis Zamudio Argandoña, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC.
La Comisión es presidida desde hace cuatro años de forma inalterable por el congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín. En la sesión del 10 de marzo se deja constancia que los integrantes Nieves Limachi y Fernando Rospigliosi han pedido licencia. Se tenía programado recibir al coronel Víctor Revoredo, pero tras informar que no podría ir levantan la sesión sin mayor oposición.
Sesión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana a las que solo asiste presencialmente el presidente Alfredo Azurín. El resto se conecta de forma virtual. Siete de sus ocho integrantes buscan la reelección parlamentaria. El funcionamiento de dicha comisión le costó al país más de 2 millones de soles en planillas.
CUESTIONADOS LOGROS DE LA COMISIÓN AZURÍN
Desde su instalación, en diciembre de 2021, esta comisión especial ha emitido cuatro informes anuales detallando sus actividades. A su presidente Alfredo Azurin se le ha visto visitando comisarías, las instalaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y solicitando información a entidades como la Policía Nacional o los ministerios. Y eso se ve reflejado en estos informes, nada extraordinario que un congresista podría realizar de forma individual.
“Durante todo este tiempo y ustedes deben saberlo se ha fiscalizado de la manera como nunca nadie lo hizo yo soy policía y muchos me han odiado por la forma en cómo he fiscalizado y mi labor era justo fiscalizar y denunciar todas las falencias que ha tenido la policía”, declaró el parlamentario.
El mismo Azurín reconoce que su radio de acción se limita solo a fiscalizar. Por su propia característica, los alcances de una comisión especial no son vinculantes y no pueden hacer proyectos de ley. Sin embargo, sí tiene un costo. La Unidad de Investigación de Latina Noticias identificó que, en estos cuatros años y medio de funciones, esta comisión ha gastado más de 2 millones de soles (S/ 2’056,797), en el pago de planilla de su personal: entre técnicos y asesores. Y más de 150 mil soles en pasajes y viáticos para las sesiones descentralizadas que se han llevado a cabo.
Finalmente, otro detalle que llama la atención es que ninguno de los trabajadores actuales de la comisión es experto en seguridad ciudadana. Una comisión, cuyo presidente sesiona de forma solitaria, donde sus integrantes no asisten o se conectan virtualmente. Y donde 7 de sus 8 integrantes van a la reelección. Es válido que los peruanos se pregunten, en medio de la crisis de inseguridad que vive el país, si este gasto millonario del Congreso vale la pena.